Un momento de la manifestación. | Nuria Rincón

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Las medidas anunciadas por el Ajuntament de Llucmajor para afrontar su déficit ya han provocado las primeras voces de protesta. Concretamente, el cierre de la residencia de la tercera edad del municipio protagonizó ayer una tensa manifestación.

Unas 500 personas, entre vecinos, trabajadores y usuarios de la residencia y familiares, salieron ayer a la calle con pancartas reivindicativas protestando por la medida prevista por el Consistorio.

Durante la jornada se vivieron algunos momentos de tensión cuando algunos vecinos increparon al alcalde, Joan Jaume Mulet, que salía de la parroquia tras celebrarse el domingo de Ramos, criticando esta decisión y obligando a actuar a la Guardia Civil para evitar incidentes mayores.

El alcalde manifestó que «el cierre de la residencia no está decidido, sólo lo contempla el plan de ajuste. No puedo entender la actitud tan irresponsable de los partidos de la oposición».

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Al respecto, el PP balear difundió ayer un comunicado en el que acusaba a «todos los partidos de la oposición, con el portavoz del PSIB-PSOE en el Ajuntament de Llucmajor, Joan Jaume; la diputada eco-nacionalista Joana Lluïsa Mascaró, y miembros de Convergencia per les Illes a la cabeza» de protagonizar la manifestación contra el cierre de la residencia, que calificaba de «ilegal y que no contaba con ninguna autorización». El secretario general del PP, Miquel Ramis, ha considerado «muy graves» los hechos, «ya que representantes de partidos políticos elegidos democráticamente están tomando parte de actos ilegales y violentos».

Propuestas

Por su parte, el PSM-EN propuso ayer una serie de medidas de ahorro para evitar el cierre de la residencia como suprimir cargos de confianza y alquileres, o quitar «gastos superfluos».

Además, ha considerado imprescindible que Govern y Consell hagan una aportación de emergencia para que se negocie una solución y se pueda mantener abierto este centro para mayores. En un comunicado, el partido ha recordado que si no se presentaba el plan de ajuste antes de día 31 de marzo, el Estado «se quedaría las partidas que envía cada mes», lo que significaría que no sólo habría problemas en la residencia, sino que no se podría pagar ninguna nómina de ningún servicio municipal. Por este motivo, ha aclarado el grupo, se abstuvieron en la votación durante el pleno municipal.