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La Lliga Regionalista de Balears ha manifestado hoy su disconformidad con el anteproyecto de modificación de la ley de función pública del Govern y se ha sumado así al acuerdo alcanzado ayer por todas las formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento de Manacor.

El partido que lidera Jaume Font ha manifestado en un comunicado su «su total adhesión» a la propuesta de alegaciones consensuada por todos los grupos políticos de Manacor «tanto en el fondo como en la forma».

La Lliga no tiene representación en el Ayuntamiento, pero se une a la propuesta acordada por unanimidad por los concejales del gobierno municipal del PP (10 ediles) y la oposición del PSOE (3), Alternativa Liberal de Manacor (ALM) (3), PSM-IV (3) y la Agrupació Independent de Porto Cristo (AIPC) (2).

La formación regionalista ha declarado su disconformidad con el anteproyecto de ley que ha preparado el Govern, en virtud del cual se pretende modificar la Ley 3 / 2007, de 27 de marzo, de la función pública.

También pide que se deje sin efectos en lo que afecta a las leyes de la función pública, normalización lingüística y régimen jurídico de la administración de la Comunidad Autónoma.

La formación reclama también la aprobación de un nuevo anteproyecto por parte de la Conselleria de Administraciones Públicas, que modifique la Ley 3 / 2007 para contemplar dos excepciones a la exigencia del conocimiento del catalán «como un requisito y no un simple mérito» para el acceso a la función pública.

La Lliga apoya las dos excepciones detalladas en la propuesta de alegaciones que aprobará el lunes por unanimidad el pleno de Manacor que son la contratación de personal interino que no conozca el catalán, en un contexto excepcional de falta de profesionales, debidamente justificada, pertenecientes al ámbito sanitario o científico, de investigación, de inversión, de desarrollo y de las tecnologías de la información o las telecomunicaciones.

La otra excepción es el nombramiento provisional o en comisión de servicios de funcionarios con habilitación de carácter estatal.

La Lliga Regionalista de las Illes Balears dice compartir plenamente los criterios que deben regir el uso del catalán tal y como están explicitados en la propuesta del consistorio manacorí, y apoya la consideración de dicha lengua como un elemento enriquecedor de la cultura y la sociedad isleñas, así como un valioso instrumento para favorecer la comunicación, la integración y la cohesión de todos los ciudadanos de las Islas.

Defensa

Los partidos que integran el Consistorio manacorí demostraron ayer que la lengua catalana está por encima de cualquier debate político y que jamás tiene que ser motivo de enfrentamiento.

Todos los portavoces con representación en el Ajuntament de Manacor apelaron ayer, en un acto público, al consenso que imperó en 1986 cuando se aprobó por unanimidad la Llei de Normalització Lingüística. Así escenificaron la firma de un documento en defensa del catalán a la vez que mostraron su disconformidad con la modificación de la ley de Funció Pública impulsada por el Govern de José Ramón Bauzá contra la que presentarán alegaciones.

«La lengua es un tema para unir sensibilidades, unir personas y no para dividir». Este fue el mensaje del alcalde Antoni Pastor (PP), que pese a querer mantenerse en segundo plano, fue el auténtico protagonista. Aprovechó para pedir que «se vuelva al camino de la tranquilidad y al consenso». El alcalde recordó que «la ley que fue aprobada por unanimidad es a día de hoy más que asumible y lo lógico sería que si hay que modificar se hiciera también desde el consenso».

Amanda Fernández (PSOE), Joan Gomila (AIPC), Francesc Mateu (ALM), Miquel Oliver (PSM-Iniciativa Verds) y también Joan Llodrà (Esquerra) mostraron su satisfacción al haber conseguido este acuerdo.

También el presidente de la Federación de las Asociaciones de Vecinos, Alfonso Uceda, estuvo presente en el acto para mostrar su apoyo a esta decisión.

Las alegaciones se aprobarán en el pleno del próximo lunes. Solicitan que se deje sin efectos la modificación de la ley y que se mantenga el requisito del catalán para acceder a la Administración pública y sólo se aceptarían excepciones en lugares de trabajo temporal cuando se refiere a personal sanitario o a la escala del cuerpo facultativo superior .