La Justicia va lenta pero a veces mete mucha prisa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma da un plazo de tres meses al Ajuntament de Bunyola para pagar a la funeraria del municipio 609.331 euros. La cantidad responde a la ejecución de una sentencia firme en la que el Tribunal Supremo obligaba al Consistorio a indemnizar a la empresa por los daños causados al permitir entre 1990 y 1996 operar en el término municipal a otra funeraria. Como esta segunda empresa no estaba vinculada a las misma exigencias que impuso el Ajuntament a la concesionaria, se produjo, según el Supremo, una situación de competencia empresarial perjudicial.
Los hechos a los que se refiere la sentencia se remontan al 7 de noviembre de 1988, cuando el Ajuntament concedió a la empresa de Pedro Sastre Mas el servicio funerario del pueblo durante un periodo de 20 años, cuya empresa debía abonar un canon anual de 1.500.000 pesetas. En ese momento no estaba liberalizado el negocio funerario.
Licencias
Dos años más tarde, el 23 de abril de 1990, el mismo Ajuntament otorgó una licencia de actividad funeraria en el mismo pueblo a Pedro Garau sin ningún tipo de canon. Sin embargo, a la primera empresa le obligaba a disponer de un local y vehículos propios.
El mismo juzgado que ahora ejecuta la sentencia falló en 2008 que: «La autorización concedida a Garau para realizar servicios funerarios dentro del término municipal en realidad encubre la autorización para gestionar un servicio cuya competencia correspondía al ayuntamiento. Y esa autorización que adoptó la forma de licencia, cual si de acto reglado se tratara, en el año 90, cuando no existía la liberalización de ese servicio público, debió adoptar la forma correspondiente a lo que la naturaleza del negocio jurídico concertado exigía».
Este fallo judicial fue recurrido ante el Tribunal Supremo que declaró firme la sentencia. Ahora, el perjudicado se dirigió de nuevo a los juzgados para exigir la ejecución forzosa de la sentencia, es decir, que el Ajuntament le pague la cantidad. El Consistorio discrepaba sobre la cantidad final y el magistrado finalmente la ha fijado en cerca de 610.000 euros y marca un plazo de tres meses para el pago, por un asunto de hace dos décadas.
7 comentarios
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Tots en Buñola sabem que la funerària Ca Pere Antoni sempre ha pagat comissions a l'Hospital Joan March, per que l'Ajuntament no ha pres mai cartes en l'assumpte. Fora corruptes de Buñola. Per culpa d'aquests cara dures el poble ha de pagar multes, que les pagen els corruptes.
PURS EL AYUNTYAMIENTO DE SOLLER VA POR EL MISMO CAMINO, Y DA LA CIRCUSTANCIA QUE LA FUNERARIA QUE CONSIGUIO LA LICENCIA FRAUDULENTA (CAN PERA ANTONI) PEDRO GARAU ES LA MISMA QUE ESTA INTENTANDO HACER LO MISMO CON EL AYUNTAMIENTO DE SOLLER. Y ES QUE NO APRENDEN, SE BUSCAN EL ENCHUFE POLITICO Y DESPUES PAGAN LOS CIUDADANOS.
Si ens fixam amb les dates 1988-1991, fa vint anys d´això.Els actuals membres de l´ajuntament encara devien anar a escola. Ara s´han de menjar el "marrón" que els hi deixaren.Els polítics haurien de tenir responsabilitat i respondre amb el seu patrimoni personal. Qui la fa o la caga la paga, que ja està bé de fer desastres, que no passi res i al cap i a la fi ho pagam tots els bunyolins.
Pues este Ajuntament de Bunyola nunca nunca sale en los periodicos sera un buen Ajuntament o no
Bunyolins, a preparar SA "bossa" a pagar y los responsables a seguir chupando, hasta que no se meta a unos cuantos en la cárcel esto no tiene remedio
Los ayuntamientos deberían hilar muy fino, antes de conceder licencias, calcular bien los costos reales dejarse de enchufismos,amiguismos y conveniencias particulares y mirar por las conveniencias de los pueblos y ciudades y servir de una vez a los ciudadanos que somos los que los votamos.-
Veurem un dia "el cobrador del frac" dins la sala de sessions plenàries dels nostres ajuntaments? Aquesta sentència desmenteix del tot els eco-nacionalistes, quan ens diuen que no hem de tenir por dels tribunals, quan les empresses privades posen plets a les autoritats per mor de les seves improvisacions jurídiques, que, tot plegat, acabaran pagan els ciutadans.