Imagen de la fragata 'Baleares', ya fuera de servicio militar. | Redacción Local

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La organización ecologista Greenpeace y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino han ganado el recurso contencio-administrativo que interpuso el Ajuntament de Calvià ante la Audiencia Nacional hace cuatro años. En 2007, el ministerio presidido entonces por la socialista Cristina Narbona denegó al Govern balear el permiso para crear un arrecife artificial mediante el hundimiento de la fragata 'Baleares' frente a las islas Malgrats (El Toro) -a tan sólo 100 metros de la reserva marina de Calvià- y potenciar así el turismo de buceo.
La Conselleria d'Agricultura i Pesca, dirigida a la sazón por la 'popular' Margalida Moner, recurrió la denegación ministerial. No obstante, tras la elecciones autonómicas de mayo de 2007 -ya con el PSOE al frente del Govern- el recurso fue desestimado por silencio administrativo. Bajo la dirección de la socialista Mercé Amer, la conselleria admitió esa nueva denegación y no acudió a los tribunales. Pero sí lo hizo el Ajuntament de Calvià con el actual conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado (PP), al frente de la Alcaldía.
Ahora, el fallo de la Audiencia Nacional pone de relieve que el Consistorio calvianer no tenía legitimación para promover un permiso de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que habría sido necesario para el hundimiento del buque de guerra, después de que el Govern del segundo Pacte de Progrés no impugnara la resolución de la dirección general de Costas dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Comunicado
En un comunicado de prensa emitido ayer por Greenpeace, la responsable de la campaña de Costas de la organización ecologista, Pilar Marcos, asegura que «este fallo judicial supone una victoria para el medio ambiente ya que reconoce el impacto ambiental que habría supuesto el hundimiento de la fragata en un entorno tan sensible como la reserva marina de Calvià».
Asimismo, Marcos espera que el PP acate el pronunciamiento de la Audiencia Nacional y retire su proposición no de Ley para que el Ministerio de Medio Ambiente desbloquee la vía administrativa y se proceda al hundimiento del pecio.