«Nos han vuelto a engañar. El Govern nos ha tomado el pelo», asegura Jeroni Salom, alcalde de Binissalem. Rafel Torres, de Inca, se planteó la posibilidad de rescindir el programa y, en consecuencia, dejar unas 80 personas en la calle.
El conflicto surgió a raíz de unas subvenciones del SOIB que el Govern debía pagar a los consistorios y estos, a su turno, a las personas en situación de paro que se habían acogido al programa. El hecho es que los ayuntamientos han tenido que adelantar el pago a los desempleados porque el Govern no les ha ingresado el dinero.
Fuentes de Vicepresidència del Govern, que incluye a la Direcció General de Treball, reconocieron que el ingreso aun no se ha efectuado pero aseguraron que «los ayuntamientos van a cobrar». Otras fuentes municipales mantenían que el Govern les había comunicado que no disponía de partida económica por hacer frente al pago. El programa vale unos 15 millones de euros.
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