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Cinco de los siete acusados por el derrumbe del Hotel Son Moll en Cala Rajada asumen que sus negligencias en las obras de reforma del inmueble provocaron el derrumbe de uno de los muros y la muerte por aplastamiento de cuatro trabajadores en diciembre de 2008.
Estos cinco acusados son los dos arquitectos directores de la obra, los dos constructores y el jefe de obra. Todos ellos aceptaron ayer durante la primera sesión del juicio la versión de los hechos que da el fiscal, Miguel Àngel Anadón. Lo que no aceptan son las penas que solicita el ministerio público: de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos por delitos contra la seguridad de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones imprudentes.
Los otros dos acusados, un arquitecto que trabajó como consultor externo en las obras y la responsable de la empresa que explotaba el hotel, niegan los hechos. La segunda sólo está implicada por las acusaciones particulares.
De esta manera, la declaración de los principales acusados se ventiló en apenas media hora. Todos ellos aceptaron ser los responsables de los hechos y se negaron a contestar a más preguntas de las acusaciones. A preguntas de sus defensas sí quisieron hacer constar que acudieron de forma inmediata al edificio después del derrumbe, que colaboraron en todo momento con las autoridades y que han indemnizado a las víctimas.


Defensas


Con estas cuestiones, las defensas pretenden acreditar al menos tres circunstancias que rebajen las penas que pide el fiscal y así lograr las atenuantes de confesión, reparación del daño y colaboración. Las condenas que pide la Fiscalía implican el ingreso en prisión de los acusados, con las atenuantes las defensas pretenden situarlas por debajo de la barrera de dos años que supone el obligado cumplimiento.
Mientras que en el banco de las defensas se acordaban los hechos, también en el de las acusaciones hubo cambios al inicio del juicio. Salvo dos acusaciones particulares, las demás se retiraron de la causa, dado que los acusados y los seguros han abonado ya las indemnizaciones que corresponden tanto a los familiares de los cuatro fallecidos como a los cuatro trabajadores heridos. Las dos que sí se mantienen en la causa son los padres de uno de los fallecidos y el propietario de un local que resultó dañado durante el derrumbe.
Los cinco acusados aceptan una secuencia de negligencias que surgen de la propia planificación de la obra. Aunque se iban a hacer modificaciones en la estructura del inmueble, en ningún momento se hicieron constar en el proyecto para acortar el plazo de ejecución. Así en ningún momento se comprobó el estado de la estructura del edificio que se había construido en 1957. También se obvió un informe hecho por una empresa externa el mismo año de las obras que aconsejaba evaluar el estado de la estructura del inmueble.
Pese a desconocer cómo estaba el edificio en realidad, durante la obra se abrieron nuevas puertas y ventanas y se ampliaron otras en el muro de carga norte. A la vez no se tomaron medidas para evitar que cada vez había menos estructura que soportara la carga del edificio.
Cuando ocurrió el derrumbe sólo dos puntales reforzaban cada una de las nuevas ventanas. Con este panorama, el ocho de diciembre por la mañana tras varios días de lluvia y fuertes vientos en la zona, el muro norte se vino abajo y provocó cuatro muertes y otros cuatro heridos.
Con estos acuerdos parciales alcanzados ayer, el guión del juicio ha cambiado de forma sustancial.
En principio estaba previsto que la vista se prolongara durante tres semanas. De hecho, el juzgado de lo Penal que juzga el caso se trasladó por razones de espacio a la Audiencia Provincial de Palma. Ahora las vistas se reanudarán el próximo jueves con la declaración de los primeros testigos.