Joan Flaquer, durante la rueda de prensa que ofreció la pasada semana tras conocerse su desimputación del 'caso Sant Elm'. | Michel's

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El Ajuntament de Andratx ha recurrido esta semana el auto por el que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) archiva el «caso Sant Elm» contra el exconseller de Turisme Joan Flaquer (PP), al entender que es responsable los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

El consistorio, personado como acusación particular mediante el abogado Pablo Alonso de Caso, ha presentado un recurso de reforma ante el propio Tribunal pidiendo que se continúe con la imputación del también diputado autonómico.

En esta causa se indaga un supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Baleares -que preside el exjefe del ejecutivo autonómico del PP Gabriel Cañellas-, entidad responsable de la conservación de la torre de Sant Elm que cedió su uso en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por el PP- a cambio de una contraprestación económica cuyo destino se está investigando.

Por este supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Baleares fueron imputados también el expresidente del Govern Gabriel Cañellas, el ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo y el ex portavoz municipal del PP Jaume Porsell.

En el escrito del Ayuntamiento se alega que las conductas de los imputados, incluido Flaquer, «deben ser tildadas de muy graves» y se añade que el objeto del convenio firmado con la fundación de Cañellas era «del todo ficticio y falaz».

Este contrato, sostiene, se urdió entre Flaquer, Hidalgo y Cañellas, cuando su objetivo «real» era «traspasar dinero a la Fundación Illes Balears a través del consistorio».

En respuesta al auto del TSJIB levantando la imputación de Flaquer, en el que se insinuaba que el juez instructor podía haber hecho un uso «abusivo y fraudulento» de la vía penal en este caso, el consistorio argumenta que el procedimiento se inició por denuncia de la Fiscalía.

También alega que quienes pusieron los hechos en conocimiento del fiscal fueron funcionarios del Ajuntament, «los cuales actuaron desde la más íntegra asepsia, objetividad y responsabilidad profesional».