Los porteños tienen más esperanza que nunca de que finalmente el puente se salve en el TSJIB tras la retirada de la demanda por parte de los afectados por la infraestructura. | M.P.

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De una manera abrumadora, los vecinos de Porto Cristo han expresado su apoyo al acuerdo alcanzado entre el Ajuntament de Manacor y los afectados por el puente del Riuet que serán compensados con más de 450.000 euros y retirarán la demanda que inició todo el proceso judicial contra la famosa infraestructura.

El objetivo, según todos los encuestados, es que se evite a toda costa la demolición del puente ya que entienden que realiza un buen servicio de conexión viaria y también de descongestión en verano.

Los consultados también ven con optimismo la consecuente retirada de la demanda contra el Ajuntament, que podría ayudar a una resolución favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) con respecto a la legalidad final del puente.

Además, los vecinos encuestados por este diario no ponen problemas a los poco más de 450.000 euros que cobrarán los afectados. Es como si se tratara de un tema secundario ya que el objetivo general era el acuerdo para retirar la demanda y evitar de esta manera la demolición de la infraestructura.

El TSJB decidirá

La cuestión ahora es si el acuerdo llega a tiempo para salvar el puente. En medios judiciales existen dudas al respecto que tendrá que resolver la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, la misma que declaró la ilegalidad del puente y su demolición. El problema es el momento en el que se produce la renuncia, cuando existe una sentencia firme del Tribunal Supremo que señala la nulidad de pleno derecho de los acuerdos. Es decir, el hecho de que el puente es ilegal ya no se puede cambiar y, por decirlo así, no hay demanda alguna que retirar, puesto que la causa está ya en fase de ejecución. Por ejemplo, si se hubiera producido hace dos años -antes de la resolución del Supremo- el acuerdo entre el Ajuntament y los afectados hubiera paralizado de forma automática todo.

Con el pacto ya no existen perjudicados por el acto administrativo ilegal, por lo que la ejecución de la sentencia ya no perseguiría defender a estos ciudadanos en concreto.