Imagen del pleno municipal de Calvià durante una sesión. | J. J. Monerri

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El pleno del Ajuntament de Calvià reunido ayer en sesión ordinaria aprobó, gracias a los votos favorables, del PP y el PSOE, el plan de viabilidad que da luz verde al proyecto de construcción de un museo de arte contemporáneo en una parcela municipal de Costa de'n Blanes.

Este plan de viabilidad se ha redactado en base a las cuatro propuestas presentadas por diferentes grupos inversores: las sociedades Invest Portals SL, representada por Amador Jaime; Pla des Ametllerets, representada por Eugenio de la Fuente; Proyectos Lunara SL, representada Guillermo Dezcallar, y Nexum Consulting.

Parcela

El Consistorio calvianer exige como condición sine qua non que en la parcela pública de 54.768 metros cuadrados, sita en Costa de'n Blanes, se levante un museo de arte contemporáneo de 4.000 metros cuadrados y un jardín exterior de esculturas de 2.250. Los proyectos también contemplan equipamientos deportivos y asistenciales, aunque su dotación no es un requisito indispensable.

El Ajuntament que preside el alcalde Carlos Delgado (PP) prevé que los costes de construcción del museo los sufrague el grupo inversor que se haga con el proyecto, a cambio de una concesión de explotación del mismo por espacio de 40 años. El máximo que permite la ley

Desde el equipo de gobierno, la primera teniente de alcalde, Teresa Martorell (PP), aseguró que con este proyecto se pretende conseguir un museo «de mejor calidad que los que hay en Palma».

Aunque el PSOE apoyó la aprobación del plan de viabilidad, el signo positivo de su voto no impidió que su portavoz, Antoni Manchado, lanzara algunas críticas al PP por el modo en que su gobierno ha tramitado el proyecto.

UM, en contra

Manchado reconoció que el proyecto es bueno a nivel turístico, aunque lamentó la falta de información sobre el proceso administrativo y criticó que el «mejor solar de Mallorca» se ponga al servicio de «intereses privados».

Por su parte, UM votó en contra del plan alegando que el proyecto se ha tramitado «sin ofrecer garantías de transparencia», denunció su portavoz, Matías Cantarero.