Los rectores del Consistorio aducen «razones sociales» para no dejar sin vivienda a las 18 familias que en su día las compraron de buena fe, y además entienden que las normas urbanísticas hoy en vigor permitirían legalizar la vida del inmueble.
Rústico
Según pudo constatar Ultima Hora en fuentes del gobierno municipal, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) instó meses atrás al Ajuntament para que ejecutase una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la municipalidad a derribar el citado inmueble, cuya licencia de edificación concedida en 1986 no se ajustaba a las normas de planeamiento vigentes entonces en Andratx, y fue elevado en un terreno mayoritariamente rústico.
A la vista de la ejecutoria de los tribunales, que reclamaban un plan técnico concreto y un plazo para llevar a cabo la demolición del edificio, el equipo de gobierno municipal decidió semanas atrás reclamar en esa misma vía judicial «razones sociales» -amparadas en un pequeño resquicio que ofrecen la legislación vigente y algunas soluciones finales del propio Tribunal Supremo- para evitar el derribo.
Así, uno de los letrados que representan habitualmente al Ajuntament, Pablo Alonso de Caso, ha sido comisionado para elaborar un recurso en el que figuren tanto las reservas del equipo de gobierno para derribar la que desde hace más de dos décadas es vivienda de 18 familias, como las vigentes normas subsidiarias de urbanismo del municipio, conforme a las cuales la mayor parte de la finca es «urbanizable».
Se da la circunstancia de que el edificio objeto de esta controversia es relacionado por el vecindario del pueblo de Andratx con el ex alcalde Eugenio Hidalgo, toda vez que tras su construcción los bajos comerciales fueron por él adquiridos para instalar su concesionario y taller de una firma de automóviles, así como una cafetería que puso en arriendo.
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