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La sociedad promotora del Golf de Son Bosc, en Muro, ha presentado en el Registro General de la Dirección General de Biodiversidad del Govern un incidente de nulidad de actuaciones contra la resolución con la que se dio inicio a un procedimiento sancionador contra los promotores del proyecto y la empresa constructora, al considerarla inconstitucional por vulnerar los principios de legalidad y de tipicidad.

Tal y como han aseverado los promotores en un comunicado, en los 13 folios de la resolución del director general de Biodiversidad, Vicenç Vidal, «se olvida deliberadamente» el contenido de la Ley de declaración de interés autonómico de la construcción del campo de golf, que entró en vigor el pasado 6 de agosto.

Además, en el documento «se cambia una palabra» para justificar la resolución, concretamente el artículo 22 de la Ley de patrimonio natural y de la biodiversidad, con el objetivo de «cambiar la interpretación de la normativa». Un hecho que consideran «muy grave» tratándose de un representante de la administración pública que «lo que debe hacer es cumplir la Ley y hacerla cumplir».

En este contexto, los promotores aseveran que el director general de Biodiversidad no tiene competencia sobre la finca donde se construye el Golf de Son Bosc ya que «no existe ningún tipo de declaración de espacio natural a la finca», mientras que lamentan que la resolución pretende justificarse en base a diferentes normativas, la mayoría de las cuales «han sido anuladas o no están en vigor.

Es por todo ello que han pedido a Vidal que rectifique su resolución, «nula de pleno derecho», además de la identificación de la autoridad y del personal al servicio de la Dirección General bajo la responsabilidad de los cuales se ha tramitado la resolución. A su vez, aseveran que la promotora del Golf de Son Bosque se reserva el derecho de emprender las acciones de responsabilidad patrimonial y penal para depurar la posible responsabilidad de estas personas.

Los promotores recalcan asimismo que los perjuicios económicos que este retraso en la ejecución de las obras está provocando a los promotores, supera con creces los 15.000 euros diarios. Finalmente, han recordado que el proyecto dispone del permiso de instalación (enero de 2008), la licencia de edificación y uso del suelo (marzo de 2008), así como la declaración de interés general de las obras y de las instalaciones (diciembre de 2006), entre otros títulos administrativos «plenamente en vigor».