La construcción del patio del CP Ponent debería haber finalizado hace medio año. | Antoni Pol

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Las obras de construcción del nuevo patio del colegio público Ponent de Inca lleva meses «ralentizada» debido a un litigio que mantienen la empresa adjudicataria y el Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC), organismo dependiente de la Conselleria d'Educació.

El motivo de la paralización es la exigencia de 42.000 euros por parte de la constructora al Govern en concepto de «partidas no previstas». La adjudicataria tramitó la reclamación, pero el IBISEC sigue negándose a abonar dicha cifra. El resultado es que las obras están paradas.

Bartomeu Seguí, teniente de alcalde de Inca y concejal de Urbanismo, desvinculó al Ajuntament del retraso: «El Consistorio se limitó a contratar la constructora, pero quien dirige y liquida las obras es el IBISEC», recordó.

Medio año

La construcción del nuevo patio del CEIP Ponen se inició a mediados de septiembre y debería de haber finalizado en un plazo de tres meses, es decir, hace más de medio año. Las obras se adjudicaron por un importe de 240.000 euros. En este contexto, hay que señalar que la constructora ya denunció en diciembre que no se le abonaba el dinero que le correspondía por la parte de las obras que ya se habían ejecutado.

Por otra parte, cabe recordar que el solar donde se está construyendo el nuevo patio es objeto de un controvertido y prolongado litigio judicial entre el antiguo propietario y el Ajuntament d'Inca. En 2006, dicho solar salió a subasta por valor de 618.000 euros pero, debido a otras circunstancias, el constructor Joan Ferrà -militante histórico y fundador del PP de Inca-, pudo adquirirlo por solo 420.000 euros.

Entonces, y pese a que Ferrà exigía unos dos millones y medio de euros por los terrenos, el Consistorio se lo expropió por solo 757.000. Aquí comenzaron los pleitos judiciales y las posteriores apelaciones, lo que retrasó aun más la construcción del nuevo patio.

Hace medio año, el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Balears fijo el precio del solar en 850.000 euros. Ferrà recurrió de nuevo ante los tribunales, que deberán pronunciarse de nuevo.