Bartomeu Alzina no ha querido hacer declaraciones a su salida de los juzgados. | Assumpta Bassa

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La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Manacor, Martina Mora, mantiene la imputación del ex alcalde de Capdepera, Bartomeu Alzina, por un delito de prevaricación administrativa al no haber ordenado, presuntamente, la paralización de las obras de reforma del hotel Son Moll que se estaban llevando a cabo sin licencia municipal y cuyo derrumbe, en diciembre de 2008, provocó la muerte de cuatro trabajadores.

Una supuesta infracción penal que llevaría aparejada una pena de inhabilitación especial para cargo público de siete a diez años. La magistrada, según informaron fuentes jurídicas, mantiene el encausamiento después de que el ex primer edil, asistido por el letrado Gaspar Oliver, prestase hoy declaración ante la jueza en una pieza separada del procedimiento principal para dar su versión de estos hechos, por los que también se encuentran encausados propietarios de las empresas constructoras del establecimiento hotelero, el jefe de las obras, el arquitecto y el aparejador.

Cuatro fallecidos en el derrumbe

En concreto, cuatro hombres, dos de nacionalidad marroquí y dos españoles, fallecieron por aplastamiento bajo los escombros del derrumbe de tres plantas de un edificio anexo al hotel, situado en Cala Ratjada, mientras estaban realizando trabajos de rehabilitación pese a que el establecimiento no contaba con la preceptiva licencia de obras, que le fue denegada por el Consistorio hacía mes y medio.

El accidente se produjo cuando las plantas baja, primera y segunda del edificio se vinieron abajo, quedando atrapados bajo las ruinas cuatro obreros, que no pudieron salvar la vida, mientras que otros cuatro operarios resultaron heridos.

Cabe recordar que los propietarios de las empresas constructoras del hotel Son Moll, Rafael Febrer y Bartomeu Estelrich, sostuvieron ante la jueza que durante las obras de reforma «se cumplían las medidas de seguridad» y achacaron a la lluvia el derrumbe, de acuerdo a las explicaciones que ofrecieron el 19 de diciembre de 2008.

Tanto para Febrer y Estelrich como para el arquitecto, el aparejador y el jefe de obras del hotel Son Moll, Arturo Vila, Josep Lluís Pujol, y Joan Bonet, respectivamente, Mora decretó esa jornada libertad sin fianza, después de que el fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral de Baleares, Miguel Angel Anadón, no solicitara prisión para ellos pese a imputarles cuatro delitos de homicidio imprudente y uno contra los derechos de los trabajadores.