El puente empezó a construirse en 2002. | Guillem Mas

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El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha desestimado el recurso mediante el cual el Ajuntament de Manacor esperaba no tener que derribar el puente sobre el 'riuet' de Porto Cristo que los jueces declararon ilegal en 2007.
De esta forma el consistorio deberá cumplir el auto que obliga al Ajuntament a derribar el puente este mismo año. El Auto judicial contra el cual no se pueden interponer recursos señala que «no existe ninguna imposibilidad legal para ejecutar la sentencia y tampoco ninguna imposibilidad material». Así pues, tal y como adelantó el concejal de Urbanismo, Bernat Amer, el Ajuntament tendrá que recurrir ahora al Tribunal Constitucional si se pretende continuar defendiendo la legalidad del puente.
Desde la Plataforma de vecinos afectados por la construcción del puente elevado del riuet consideran que «con este Auto culmina un largo peregrinaje ante los Tribunales de Justicia en defensa de los derechos que constitucionalmente nos asisten como el derecho a una vivienda digna, a la intimidad personal y familiar o el derecho de disfrutar de una correcta actuación por parte de la Administración», según explicaron ayer mediante un comunicado.
Además los vecinos afectados quisieron aclarar que «no pretendemos de ninguna forma ocasionar perjuicios a los vecinos de Porto Cristo» y recuerdan que si «la Administración hubiera actuado correctamente no nos encontraríamos ahora en esta situación». Hay que recordar que el puente elevado del riuet se construyó según un proyecto aprobado por decreto de alcaldía, un decreto que los tribunales declararon nulo en 2007 y que ha hecho que el puente sea ahora una construcción ilegal. Y es que la plataforma contraria al proyecto presentó en 2002 un contencioso-administrativo contra el Ajuntament por los «graves e irreparables perjuicios que provoca a los vecinos, la construcción de un puente elevado justo al lado de un bloque de pisos». De esta forma «las cosas siguen estando donde estaban y, por lo tanto, el Ajuntament tiene que cumplir la sentencia», se afirma en el Auto judicial que obliga al derribo.