El portavoz del PSOE en el Ajuntament de Calvià, Antoni Manchado, ha inscrito en el registro municipal las razones de «oposición general» al proyecto que el alcalde, Carlos Delgado, ha puesto en marcha como cambio de modo de gestión del servicio de suministro de agua potable, y exige mantener la situación actual, de encomienda de prestación a 'Calvià 2000'.

«Pensamos -dice Manchado- que el modo actual está propiciando el mejor de los servicios posibles y al mejor precio, y creemos que la viabilidad de la empresa 'Calvià 2000' queda absolutamente comprometida si se le priva de la prestación de ese servicio, que es el único que deja beneficios empresariales a la entidad».

Beneficios
Según las alegaciones de Manchado al acuerdo adoptado por la mayoría gobernante (PP) que lidera Delgado, «el beneficio actual de Calvià 2000' es uno de los únicos puntos irrefutables de toda esta cuestión, y viene avalado por el hecho de que no sería posible la implicación de ninguna empresa privada en ese servicio si no se hubiera demostrado la existencia actual, pasada y futura de beneficio».

Para el grupo municipal socialista en la municipalidad de Calvià, «es innegable que la mejor de las situaciones posibles es que ese beneficio, alto o bajo, se mantenga en manos de la población que lo produce», e inciden al respecto en que «eso sólo se consigue si el servicio se presta directamente a través de la institución pública de todos (Ajuntament) o por la empresa pública de titularidad municipal que también es de todos, 'Calvià 2000'».

Para los concejales socialistas, «en la propia memoria del expediente al que alegamos se justifica la existencia de ese beneficio al exigirle al concesionario pagos que durante 50 años llegan a unos 140 millones euros».

La propuesta del PSOE de Calvià no se quedará en la vía administrativa que debe resolver la mayoría gobernante. Según pudo constatar Ultima Hora, se ha hecho llegar a la jurisdicción contencioso-administrativa el aviso de que en su momento será presentada denuncia para la revocación del acuerdo plenario que impulsa esa privatización.