Esta entidad colegial difundió ayer un comunicado en el que indica que el Comité Ejecutivo de su Junta de Gobierno acordó el 5 de diciembre instruir este expediente, de acuerdo con el que decidirá también su «personación como parte interesada» en las diligencias judiciales abiertas en relación a «las presuntas irregularidades en la tramitación y obtención de licencias de obras» en Andratx.
El colegio, asimismo, «ofrece y pone a disposición de los tribunales de Justicia toda la colaboración e información de que dispone en relación a los hechos y responsabilidades« que son objeto de las diligencias se tramitan en el juzgado que instruye el caso, a fin de «facilitar el rápido esclarecimiento de los hechos».
La nota subraya además «el correcto ejercicio de la profesión por parte de la gran mayoría del colectivo de los arquitectos» con arreglo a los estatutos y a la ley «sin perjuicio de las puntuales actuaciones en que hubiera podido incurrir algún colegiado en contra de sus obligaciones legales y estatutarias» que «en modo alguno», remarca, «representan la imagen de todo el colectivo profesional».
Hasta ahora, las principales sospechas de los investigadores -Guardia Civil, Ministerio Público y funcionarios del Juzgado de Instrucción 12 de Palma- se han centrado en el arquitecto Miguel Arenas Gou.
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