Cabe recordar que Yanko presentó concurso de acreedores y
expediente de regulación de noventa empleos a finales de octubre,
en el que alegó un pasivo de 12 millones de euros. Según informan
expertos juristas, la ley concursal establece en estos casos que
los administradores concursales deben liquidar la empresa hasta
poder cubrir su pasivo, aunque precisan que ésta debe ser vendida
como un todo, con el objetivo de que pueda mantener su actividad.
Indican que en el caso de que no se encuentre comprador, la ley
establece que la empresa debe ser vendida por ramas de actividad y,
en último caso, por elementos o «desguace».
Desde la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia no quisieron
hacer declaraciones al respecto. El sindicato UGT afirma que el
plan de viabilidad presentado por Xavier Camp era inasumible para
los trabajadores y para el Govern balear. Aseguran que la propiedad
pretendía trasladar la producción de Mallorca a Alicante y a la
India y concentrar toda la distribución en la localidad catalana de
Manresa, con el objetivo de reducir sus costes. El sindicato
también se negó a aceptar el cierre de las fábricas de Inca y
Llucmajor y el despido de 90 trabajadores, a los que se ofrecía una
indemnización de 20 días por año trabajado.
De esta manera, el Ejecutivo balear recuerda que no puede salvar
a los actuales propietarios «cuando han despreciado al Govern y a
toda la sociedad de Balears». El sindicato UGT, que manifiesta no
sentirse alarmado, informa que solicitará al conseller Cardona que
convoque una reunión con el objetivo de consensuar una unidad de
acción. Creen que el Govern, que tiene los derechos de la marca,
debe pilotar un proceso para reflotar o vender la empresa como hace
diez años.
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