VIVIENDA

Los barrios de Palma se movilizan contra la nueva ley del suelo

Una gran asamblea de asociaciones vecinales se organiza para salir a la calle y pide al Ajuntament que no permita desarrollos en rústico

Imagen de la asamblea convocada por la Federació d’Associacions de Veïns de Palma | Foto: P. Bota

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A las puertas de su aprobación en el Parlament, los vecinos de Palma se movilizan contra la nueva ley del suelo. La Federació d’Associacions de Veïns de Palma convocó este miércoles en Son Rapinya a sus entidades integrantes para una asamblea que prácticamente hizo pleno, con cerca de medio centenar de barrios representados. En la sesión se planteó promover encuentros barrio por barrio, «en locales y en la calle si es necesario», además de sumarse a la manifestación para el día 7 en el Parlament, coincidiendo con la votación de la ley.

«Lo que está en juego es qué ciudad queremos, qué vida queremos para nosotros y nuestros hijos», enfatizó la presidenta de la federación, Maribel Alcázar, que expuso la cronología que ha llevado hasta una ley que «hará de Mallorca tierra quemada» y que no figuraba en el programa del PP. El malestar entre las asociaciones vecinales ha ido creciendo estas semanas con la negociación de la ley; nació como un decreto que desbloqueaba el suelo urbanizable de Palma permitiendo crecer más y obviando exigencias hasta ahora vigentes. Ese planteamiento ya indignaba a los vecinos: «Se cargan la planificación urbanística y cualquier opción de participación». El texto resultante de la tramitación como proyecto de ley abre aún más la mano, poniendo sobre la mesa la posibilidad de construir en áreas de transición.

Esas áreas son zonas de suelo rústico pensadas para crecer, pero en un futuro mucho más lejano. La posibilidad de que puedan comenzar a proyectarse grandes bloques residenciales en los alrededores de sus barrios inquieta a los vecinos, preocupados por un colapso circulatorio y la falta de equipamientos como centros de salud y colegios.

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En el texto ven una llamada a la especulación. «Es inaceptable que la excusa para esta normativa sea la emergencia habitacional», sentenció Alcázar. «¿Para quién serán esas viviendas?», fue la pregunta más repetida. Si fueran para responder a esa emergencia habitacional, argumentaban en la Federació, los niveles de protección se hubieran planteado «a la inversa»: la ley no obliga a que ninguna de esas nuevas viviendas sea de protección oficial tradicional (se pueden sustituir por la figura de precio limitado) y hasta la mitad podrán ser totalmente libres. Incluso las viviendas con tope de precios partirían de cantidades que la población general «no puede pagar».

En esta línea, la Federació combatió la tesis de que construyendo más se conseguirán bajar los precios: «La ley está planteada de la misma manera que en la década de los 2000 se impulsó lo que generó la burbuja inmobiliaria que luego explotó. Esto ya lo habíamos aprendido. Los pisos acabaron en manos de bancos y luego de fondos de inversión».

La federación también planteó pedir al Ajuntament que no se acoja al régimen en rústico, y que se consulte a los vecinos sobre cualquier desarrollo: «Ni un palmo de tierra que se mueva en un barrio sin nosotros». Una de las propuestas que lanzó Alcázar a Cort es hacer un mapeo de los solares urbanos sin uso para obligar a construir o expropiarlos para hacer vivienda social.