El pacto al que ha llegado la actual dirección de Emaya con un trabajador despedido por acoso seguirá dando de qué hablar en Cort. Una exdirectiva de Emaya ha impugnado el acuerdo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) argumentando que sería nulo de pleno derecho por varios defectos jurídicos. El recurso apunta a posibles «razones políticas» detrás de este acuerdo con un sindicalista de USTE. Con una indemnización de 225.000 euros, la empresa pone fin a un largo historial de litigios entre la empresa y el extrabajador. Para la exdirectiva, esta decisión supone una «lesión grave para terceros», «un claro fraude de ley» y un «abuso de derecho» para evitar una sentencia firme.
Esta empleada era hasta hace muy poco la directora de servicios corporativos de Emaya, de quien dependían, precisamente, los servicios jurídicos. Es una de las trabajadoras que denunció personalmente a éste y otro sindicalista de USTE, lo que hace pensar que de haber seguido ella al timón de la estrategia legal de Emaya, un pacto procesal de este tipo hubiera sido del todo imposible. Emaya expedientó a esta directiva por el acceso a unos chats de USTE, un episodio que ha supuesto una multa a la empresa por parte de la Inspección de Trabajo.
La exdirectiva, como jefa de los servicios corporativos, formaba parte del proceso como codemandada, y por eso denuncia en su recurso que el acuerdo se ha negociado y cerrado a sus espaldas. Además argumenta que la cuantía excede el límite de 49.999 euros que puede firmar la dirección sin pasar por el Consejo de Administración. «No puede admitirse, en ningún caso, que quien otorgó el poder al letrado de Emaya firmante se arrogue competencias decisorias de esta envergadura sin autorización expresa del órgano colegiado de gobierno de la entidad, máxime cuando se trata de un acuerdo con importante repercusión económica y presupuestaria y una renuncia a procedimientos judiciales en curso».
Y es que, en virtud del pacto, tanto Emaya como el trabajador renuncian a todas las reclamaciones recíprocas pendientes derivadas de la ya extinguida relación laboral. Un párrafo que indicaría que Emaya retirará la acusación en el proceso penal donde pedía dos años de cárcel a este trabajador por acoso a otros empleados. Al parecer de la exdirectiva, constituye «una renuncia ilegítima» por parte de la empresa que atentaría contra los derechos de las víctimas de ese acoso, razona. Además recuerda una sentencia por la que «no es homologable un acuerdo que interfiera en procedimientos penales abiertos». Este acuerdo se producía a sólo siete días del fallo del recurso, y en ese movimiento la exdirectiva ve «una clara maniobra de obstrucción procesal».
Por último, la exdirectiva sostiene que el cambio de postura de Emaya sería una «represalia institucional» contra otros trabajadores que han litigado contra la empresa. Cree que la actuación de Emaya «apunta a una posible desviación de poder motivada por razones políticas». Uno de los trabajadores denunciados fue consejero de Emaya en representación de Vox durante la legislatura pasada; y la exdirectiva recalca que su propio despido fue una exigencia pública de ese grupo municipal.
12 comentarios
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Por supuesto que hay razones políticas, las que el general y su banda tienen para que así sea. Lleva años el soldadito dando la turra con este asunto. No lo consiguió con la izquierda, ahora sí con el PP. ¿A cambio de qué?
Qué nos queda que ver???
Una directiva valiente, que eliminó los sobresueldos indebidos a enchufados despedida, ahora parece que se premia con dinero público a sus verdugos. Cuanto tiempo tardarán en recuperar los enchufados sus puestos y sobre sueldos??? Vergüenza pública.
Supongo que PPVOX dará una justificacion y sinó al juzgado.
Es un atraco a mano armada! Es dinero del contribuyente ni un duro a ese tipo, está politizado qué les pasa a los servicios jurídicos de esa empresa por el amor de Dios!
Que fácil es pactar con el dinero de los contribuyentes, que lo pague de su bolsillo
Que lo inpugne, genial, a tirar de la manta a ver quien sale
El que ha firmado eso a lacárcelya esta bien de sinvergüenzas y lis que colaboran con ellos
Hay que impugnarlo por afectar al interés general
VOX