Emaya defiende que el pacto judicial con el sindicalista despedido es legal

En un comunicado oficial, la dirección asegura que ha cerrado este pacto procesal «respetando todos los procesos legales y al amparo de todas las autoridades pertinentes» con el objetivo de «abreviar el proceso litigante y llegar a un término propicio para todas las partes». «Este acuerdo transaccional con el trabajador permite minimizar el coste para Emaya, al tiempo que reduce la litigiosidad y conflictividad del proceso», aseguran desde Cort.

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Además, la actual dirección de Emaya ha recordado que «este tipo de procesos no son ajenos a legislaturas anteriores». «Sin ir más lejos, entre los años 2022 y 2023, se alcanzaron acuerdos judiciales por los que Emaya abonó determinadas cantidades a diversos trabajadores. Estos procesos tampoco fueron elevados al Consejo de Administración y, por tanto, tampoco fueron aprobados por este órgano», han dicho desde la empresa.

El PP también resalta que en casos similares a este «no se recibieron manifestaciones por parte del Consejo, lo que refuerza la percepción de que la empresa pública ha actuado en el marco de sus competencias y en coherencia con los hechos precedentes».

El acuerdo judicial ha levantado ampollas en Cort por varios motivos. El trabajador despedido, antiguo delegado sindical de USTE, fue denunciado por acoso por una docena de sus excompañeros. Vox pedía su readmisión (y la de otro sindicalista también señalado, exrepresentante del partido en Emaya) y en septiembre el regidor de Medi Natural, Llorenç Bauzá, se comprometió a agotar la vía judicial ante la gravedad de los hechos. Aunque perdió el juicio por el despido, recurrió y la sentencia era inminente, por lo que el acuerdo implica cerrar anticipadamente el proceso a pocos días de conocer el fallo. Además, el pacto llega poco después del despido de la que era directora de servicios corporativos, de quien dependían los servicios jurídicos.