La izquierda pide «explicaciones urgentes» a Emaya por el pacto «ilegal» de 225.000 euros con un extrabajador

La sorpresa ha sido mayúscula entre los partidos de la izquierda porque el acuerdo no sólo no pasó por el Consejo de Administración (por ese motivo ponen en duda su legalidad), sino porque ni siquiera sabían que la dirección de la empresa contemplara negociarlo. Los portavoces han recuperado las palabras del regidor de Medi Natural, Llorenç Bauzá, del pleno del pasado septiembre: Bauzá recordó los graves comportamientos atribuidos a éste y otro trabajador y aseguró que la empresa agotaría la vía judicial. Palabras que dijo cuando Vox pedía por segunda vez la readmisión de los dos sindicalistas.

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Esa vinculación con Vox aviva la desconfianza entre el resto de la oposición. Se desconoce, de momento, si también se está buscando un acuerdo con el otro trabajador, que fue el representante de Vox en el Consejo de Administración de Emaya en la legislatura anterior. Otro factor que despierta indignación en el ala progresista es que la ponencia y fallo del proceso judicial al que ha renunciado Emaya estaba previsto para el pasado jueves: es decir, después de pelear en los tribunales, la dirección de la empresa ha tirado la toalla a pocos días de tener sentencia. De hecho, este acuerdo también trasciende justo cuando está a punto de celebrarse una vista por otro proceso paralelo, por la vía penal, contra los dos trabajadores por acoso a sus excompañeros. Y por si fuera poco, este armisticio se firma apenas un mes después del despido de una exdirectiva de la que dependían, precisamente, los servicios jurídicos.

Con todo ese contexto, la izquierda ha exigido a Emaya que aclare si el pacto con el trabajador incluye también retirar la acusación contra los dos sindicalistas. La empresa pedía penas de dos años de cárcel. En ese proceso están personados otros trabajadores, las víctimas del acoso denunciado, por lo que de retirarse Emaya la empresa «les estaría dando la espalda», advertía Truyol. «Le pedimos que mantenga las acusaciones, porque es defender los intereses del resto de trabajadores. Es de sentido común, es una obligación», abundaba el portavoz del PSOE, Xisco Ducrós. «La ciudadanía se merece explicaciones, porque esos 225.000 euros salen de sus bolsillos», ha criticado la regidora de Podem, Lucía Muñoz.