«Los servicios mínimos son tan estrictos porque afectan a niños de cero a tres años». Así ha defendido este viernes el Ajuntament los servicios mínimos decretados para la huelga de ‘escoletes’, apelando en particular a la situación de algunos alumnos de familias en riesgo de exclusión social. El Ajuntament reconoce que con las exigencias mínimas decretadas sólo pueden hacer huelga algunas educadoras y no áreas complementarias como el comedor: «Tenemos más de 120 niños de familias vulnerables que puede ser la única comida que hagan en todo el día», aduce Cort.
Los sindicatos reprueban ese argumento porque los pliegos del contrato firmado en 2022 ya contemplaban que, en caso de huelga, la empresa se comprometía a sustituir el menú por una comida fría el primer día y a buscar alternativas (como un cátering) para los días posteriores. Por ello, acusan a Cort de difundir «bulos» para «desacreditar» a las educadoras.
Para las educadoras se ha establecido como servicios mínimos una tercera parte, pero en perfiles como cocina o la escola matinera son del 90 % y en muchos centros se traduce en que ninguno de los trabajadores de esas áreas puede hacer huelga. En el Ajuntament son conscientes de ello pero defienden que está justificado por tratarse de un servicio dirigido a menores: «No hay que olvidar que es una huelga indefinida, si fuera para dos semanas de negociar podríamos ser un poco más laxos», deslizan fuentes municipales, que recuerdan que hay 58 alumnos con necesidades especiales en el sistema.
Los sindicatos, en cambio, consideran abusivos estos servicios. «Hay muchas escoletes donde sólo una trabajadora tiene derecho a huelga. Si el 92 % de la plantilla se consideran servicios mínimos, ya de por sí implica que el centro está infradotado», argumentan. Por ello, llevaron a los tribunales el decreto, y el juez ha dado un plazo de cinco días al Ajuntament para que presente la documentación. Los representantes de los trabajadores temen que la administración apure los plazos para «desgastar económicamente» a las huelguistas, ya que «cada día pierden entre 50 y 60 euros».
El choque ahonda en un conflicto que continúa de momento sin avances significativos para cerrarse. Cort pone la vista en la negociación de un nuevo convenio autonómico llamado a mejorar los salarios hasta los 22.000 o 24.000 euros al año (por encima de la mejora del estatal), pero los sindicatos avisan de que, incluso en el mejor de los casos (en un escenario en el que la negociación fuera ágil y se aprobara rápidamente) con esas cifras las trabajadoras externalizadas seguirían ganando, de base, menos que sus homólogas de gestión directa. «Lo que reclamamos es una equiparación salarial en un calendario en dos años o año y medio. Nadie está pidiendo las mismas condiciones sociolaborales, pero sí el mismo sueldo por el mismo trabajo», dice la parte social.
Cort insiste en que no puede mejorar las condiciones en un nuevo pliego sin ese convenio y que eso le deja sin margen de actuación: «Los servicios jurídicos nos dicen que no se puede hacer nada». Es la principal discrepancia con los sindicatos en todo este asunto. En cualquier caso, ese nuevo pliego podría llegar, como pronto, para el primer trimestre de 2026. «Empezaremos a tramitarlo desde que se firme el nuevo convenio, nos hemos puesto ya con la redacción y lo tenemos todo preparado», indica el Ajuntament, que, por otro lado, ve poco probable una internalización del servicio, un proceso largo y complejo, mientras los pasos, parece, van en la dirección de centralizar todas las escoletes en la Conselleria.
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