Imagen del desahucio que se ha llevado a cabo este lunes en la calle Manacor de Palma. | M. À. Cañellas

TW
14

Un desahucio de un solar en la calle Manacor, número 44, puede dibujar con toda la precisión del mundo el retrato robot de la catástrofe inmobiliaria de Palma. O del triunfo, según se mire. Este lunes a las nueve de la mañana, la SAREB ha vuelto a tomar posesión de un solar vacío en el que vivía un sin techo. Los vecinos andaban desesperados: en el lugar podían aparecer hasta 15 personas por la noche aunque en el momento del lanzamiento solo había un señor, Salvador, boliviano, trabajador de la construcción, con rastros de consumo de alcohol a las nueve y media de la mañana.

A las ocho y media pasadas se agolpaban en la barrera policías nacionales, procuradores, funcionarios del Ajuntament de Palma, obreros, y un gestor que se dedica a recuperar activos inmobiliarios que venía en representación de la propiedad, el conocido como 'banco malo'. También estaba Jesús Molina, un vecino que había guerreado durante años para conseguir que se solucionara el problema de salubridad y de incivismo que sufrían en el solar colindante al edificio en el que vive. Ha reunido más de 400 firmas de vecinos para que Cort lleve a cabo un proyecto de mejora de la calle Manacor. Delante de su casa mismo tiene dos postes delante de la ventana y la dejadez en la zona es evidente.

Molina observaba la operación con cierto alivio. Lleva una bolsa llena de la documentación que ha tenido que mover para conseguir desalojar el solar y conseguir mejoras en el barrio. «Venían aquí 15 ó 20 personas y se emborrachaban y montaban escándalo. Nos comen las ratas, los mosquitos, las arañas, las cucarachas y las hormigas. Hay que sanear todo el solar». Molina conoce perfectamente la situación de la propiedad, en manos de la SAREB desde 2019. «Llevamos 18 años esperando a que hagan un proyecto de edificio», recuerda. Un cartel enorme ya corroído por el sol y los años recuerda que existía la intención de levantar una promoción de viviendas de una empresa mallorquina «a partir de 680 euros al mes». El precio del solar probablemente se haya duplicado desde entonces. En los corrillos que se formaban mientras se llevaba a cabo el desahucio se hablaba del «interés por dejar los solares vacíos para especular».

Molina recuerda «los 55.000 millones de euros que pagó el Gobierno a la SAREB para salvar los bancos y cajas con problemas económicos. Por eso tienen tantas propiedades en cartera». Sabe de lo que habla, está jubilado pero durante décadas ejerció como procurador judicial. «Que construyan en este solar lo que quieran, pero si son VPO mucho mejor. Hay mucha gente que necesita pisos para vivir. Hay que solidarizarse con la pobreza que están generado, nos están matando poco a poco. Todos los servicios públicos están deteriorados, empezando por la sanidad».

Un técnico municipal de Urbanisme está presente en el desahucio. Su objetivo es comprobar que los inmuebles colindantes no sufren ningún daño. El único motivo de preocupación es que una de las paredes de los edificios vecinos está cubierta de poliuretano, altamente inflamable, tarea que se llevó a cabo una vez que se derribó el inmueble que dio lugar al solar vacío, con el objetivo de evitar humedades a los vecinos. La acumulación de trastos y el encendido de fogatas en el solar suponía un grave riesgo de incendio.

Al fondo del solar, dos casetas hechas de paneles de maderas albergaban un par de colchones malolientes. Centenares de latas y botellas de cervezas vacías se acumulaban, prueba del alcoholismo del residente y sus visitantes. Los policías despertaron al hombre, que cogió todas sus pertenencias que cabían en una bolsa de supermercado. Jesús Molina se ofreció a llevarle a servicios sociales del Ajuntament, pero el hombre no aceptó ninguna ayuda. Después de llorar, echó a caminar en busca de un nuevo refugio hacia el Casc Antic.

Albañiles de una empresa mallorquina contratada para la ocasión descargan un camión con ladrillos. Sustituirán el frágil vallado metálico que permitía la entrada de los okupas por un muro de bloques de hormigón. Los obreros, por cierto, eran todos africanos y chinos. «El 95 por ciento de los trabajadores de la construcción son extranjeros», dice con conocimiento de causa una mujer boliviana que se ha acercado hasta el tumulto que se ha formado en la acera. Su marido, también boliviano, se dedica al ladrillo. Ella misma le pregunta a Molina, que conoce el barrio al dedillo, por si sabe de algún piso que se venda pero «está todo carísimo».

Todas las caras del sector inmobiliario se han revelado en este rincón de la calle Manacor. Hay desesperación y ansia por conseguir un solar edificable en la ciudad: solo 47 minutos después de que la Policía Nacional entrara en él, una agencia inmobiliaria llamaba a un comprador interesado en la compra de esta propiedad. El objetivo es construir vivienda. Se desconoce si será a precio asequible pero en Son Gotleu, no muy lejos de allí, se está vendiendo un piso de nueva construcción de 78 metros cuadrados por 360.000 euros. Este es el precio del éxito inmobiliario de Palma.