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El pasado martes, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, anunció en su discurso del Debate del Estado de la Ciudad «la publicación en el BOIB la resolución de la modificación de la declaración estratégica que permitirá poner en el mercado 13.000 viviendas que el Plan General imposibilitaba, un porcentaje a precio limitado y social».

Es decir, si antes con el Plan General, había que esperar a que se finalice la construcción EDAR II fase 1, con el fin de garantizar la gestión de las aguas residuales, pero también las canalizaciones de agua o los crecimientos de población. Su construcción está prevista para 2027 y con esta medida, solicitada por Cort y concedida por la Conselleria d’Habitatge, se permite poner en marcha de manera inmediata la tramitación de los suelos urbanizables previstos por el Plan General y que contemplan la construcción de 13.000 nuevas viviendas para los próximos veinte años.

Precisamente mañana se cumple un año desde que asumió la alcaldía de Ciutat y la vivienda es uno de lo más problemas más acuciantes del municipio. El Plan General preveía un calendario en el que cada cuatro años se iban desarrollando lo diferentes suelos previstos. Pero Vox propuso recientemente «eliminar esta progresión del Plan General, lo que supone barra libre para los promotores», explicó Neus Truyol, regidora de Més, que ejerció de concejala de Model de Ciutat en la pasada legislatura, cuando se consiguió aprobar la parte estructural del Plan General.

Los promotores fueron los primeros en acoger con los brazos abiertos el anuncio de Martínez: «El primer año se pondrán impulsar 5.000 viviendas. Y a partir de mediados de 2026 podremos empezar a ver el inicio de la construcción de nuevas viviendas», según Luis Martín, presidente de la Asociación de Promotores de Baleares (Proinba). El sector mostró su satisfacción tras la modificación aprobada por la Conselleria d’Habitatge, que permitirá empezar a tramitar las urbanizaciones mientras sigue la construcción de la EDAR II.

De estas 13.000 nuevas viviendas que se pondrán en marcha ahora, «la mitad son protegidas o de precio limitado», dijo Martín. Y lo cierto es que, según Truyol, «en el Plan General se subió al 50 por ciento el porcentaje de la vivienda social. PP y Vox votaron para que solo fuera el 30 por ciento».
«Se ha demostrado que aunque haya más oferta, la vivienda no será más barata. Ahora empezarán a construir y seguro que priorizarán las viviendas de lujo», advirtió Truyol.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Ducrós, advirtió que «el PP y Vox votaron en contra del Plan General de 2023». Fuentes del sector de la arquitectura advirtieron de las reticencias a construir sin que haya terminado la EDAR II: «¿Quién va a desarrollar una urbanización sin saber si luego podrá entregar las viviendas? Si hay un retraso en el proyecto de un año, el promotor tendrá que pagar una penalización al comprador si no se la entrega en fecha. Y ha habido promotores que han quebrado por no hacerlo en fecha». Y es que si la EDAR II no está en marcha, las viviendas acabadas no tendrán final de obra municipal y no se pueden ni ocupar ni escriturar.

Por su parte, Ducrós arremetió también contra el anuncio de Martínez de otras 1.200 viviendas, que en esta ocasión se ubicarán en suelos municipales residenciales o de equipamientos. «Ceden a las empresas privadas la gestión del suelo municipal durante 75 años. Ese suelo no volverá a la ciudad hasta el año 2099», lamentó el concejal socialista.