La federación de vecinos exige al Ajuntament que recurra la ampliación de horarios de las terrazas de Llonja

Los argumentos de los vecinos, que han dirigido su petición directamente al alcalde, José Hila, se basan en que el dictamen del Tribunal "insiste" en que Cort "no argumentó de manera adecuada la situación por la cual reducía el horario de cierre de la terrazas y no va a aportar documentos de prueba". Por tanto, y según remarca la federación, "no se dice que no haya motivos para limitar el horario sino que el Ajuntament no ha presentado las pruebas al respecto". Es por eso que, señalan, la sentencia "no es aceptable para los vecinos afectados" y abre una vía para el citado recurso de casación "incluso hasta el tribunal supremo".

Los denunciantes recuerdan que la utilización de la vía pública como espacio de negocio privado "no es un derecho, sino una concesión que tiene estar subordinada a los derechos fundamentales de los vecinos. No es posible que la viabilidad y el lucro inherente a cualquier negocio de restauración se fundamente en la ocupación de la vía pública". Para evitar estos problemas reclaman una regulación específica a través de planes zonales.

La intención de la federación es que en la reunión pedida, además del alcalde, estén presentes los regidores de las áreas afectadas, como Govern Interior, Sanitat y Servicios Jurídicos mientras que por parte de los afectados asistirían la asociación de vecinos de la zona y miembros de la comisión de trabajo constituida para reclamar la pacificación de los barrios.

Precisamente el presidente de los vecinos de la Llonja, Jaume Herreros, mostró su "indignación y frustración" por la sentencia ya que, en su opinión, demuestra "la falta de voluntad política para garantizar el derecho al descanso de los vecinos". Herreros recordó que el barrio está catalogado como Zona Acústicamente Saturada, ZAS, y que, debido a la degradación que ha sufrido el barrio, en los dos últimos años han presentado más de 500 quejas y denuncias ante el Consistorio.

Por su parte los restauradores asociados a la CAEB celebraron la sentencia, acusaron al Ajuntament de Palma de gestión "totalmente injustificada" y de "acosar" al colectivo y aseguraron que iniciarían una acción judicial de reclamación patrimonial contra Cort y la estimaron entre 1,5 y 2 millones de euros.