Las gasolineras de Avingudes y de la Plaça de Progrés serán multadas cada ocho días hasta que cierren. | Gemma Marchena | PALMA

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El Ajuntament de Palma ya ha notificado la primera sanción de 40.000 euros a la propiedad de las gasolineras de les Avingudes y la Plaça de Progrés y reitera que repetirá las multas coercitivas por este importe cada ocho días hábiles hasta que las instalaciones se cierren y presenten un plan de desmantelamiento y de descontaminación.

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Así lo han confirmado fuentes municipales que aseguran que el pago de esta cantidad «tiene que ser inmediato» ya que si no se abona la sanción pasa a vía ejecutiva y se abre la posibilidad de embargos. Desde Cort aseguran, en este sentido, que una vez pasen los citados ocho días un funcionario irá a comprobar si han cesado la actividad y, en caso negativo, se impondrá una nueva sanción. Las mismas fuentes remarcan que el objetivo no es recaudatorio, que la sanción «es una medida para forzar que se cumpla lo que han avalado los tribunales» y que el interés del Consistorio es que se paralice la actividad y recuperar el dominio público de las gasolineras. Asimismo, recuerdan que en ambos espacios hay previstos grandes proyectos relacionados con la movilidad: un aparcamiento subterráneo, en el caso de la de Progrés, y el futuro tranvía, en lo que se refiere a la de les Avingudes.

Fuentes cercanas a la tramitación afirmaron que la empresa quiso paralizar el proceso la semana pasada anunciando, «como muestra de buena fe», que ya habían contactado con un arquitecto para comenzar a hacer los informes de desmontaje y descontaminación. Sin embargo, aseguran, también insinuaron que no tenían previsto parar la actividad. Desde el Ajuntament reiteraron que los tribunales han avalado el cierre, que lo que se solicita son los proyectos redactados »y no la intención de hacerlos" y que la empresa no pagaba las tasas municipales desde 1985 y tenía la concesión caducada desde el año 2008. También recordaron que, aparte de las multas, la empresa Febrer tendrá que abonar otros 273.000 euros correspondientes a las tasas de ocupación no abonadas de los últimos cuatro años, que el plazo máximo que permite la normativa.