Imagen de archivo de sa Feixina

Imagen de archivo de sa Feixina.

EfePalma09/10/22 10:53
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La Asociación Memoria de Mallorca ha expresado su «indignación» por la decisión del Supremo de archivar su recurso contra la protección del monumento de Sa Feixina y    anuncia que, tras haberse podido reunir con su abogado, está valorando recurrir al Tribunal Constitucional. Según ha informado Memoria de Mallorca a través un comunicado, el pasado viernes el Tribunal Supremo comunicó a la entidad la decisión de no admitir a trámite su recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) sobre la protección del monumento ubicado en la plaza de Sa Feixina, dedicado a «los heroes del crucero Baleares», sentencia que además condena a la asociación memorialista a pagar las costas por valor de 2.000 euros.

Con motivo de la decisión del Supremo, Memoria de Mallorca no oculta su «indignación» por la resolución de la protección del monumento, considerando que es del todo «intolerable» que un monolito «fascista», que fue inaugurado por el mismo dictador Francisco Franco, esté aún en pie en un espacio público, pero, precisa, «todavía lo es más cuando los tribunales de justicia deciden protegerlo».

En la resolución el Supremo no entra a valorar si el monumento merece o no la protección o si ofende a las víctimas y vulnera la ley de memoria histórica, simplemente argumenta su decisión de archivar el recurso de Memoria de Mallorca contra la protección del monumento de Sa Feixina «por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2» o porque «el escrito preparatorio sufre una técnica casacional deficiente».

Para la entidad memorialista de Mallorca, con estos argumentos, el Tribunal Supremo «parece más un tribunal examinador que un tribunal de justicia». Asimismo, la Asociación Memoria de Mallorca ha dicho «no entender que a una entidad como esta, sin afán de lucro, que trabaja desde el voluntariado por los derechos de las víctimas del franquismo, para que los espacios públicos, de todos, sean espacios democráticos limpios de monumentos y simbología que atenta contra la misma democracia, sea condenada a pagar 2.000 euros».

Por este motivo, después de consultar con su abogado está valorando recurrir al Constitucional. «No nos vamos a rendir y emprenderemos las acciones legales que consideremos pertinentes para eliminar la simbología franquista de las calles y plazas», manifiesta la entidad, que también ha expresado su «firme voluntad» de «seguir luchando por el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y por la memoria y derechos de las víctimas del franquismo»