El emplazamiento del antiguo cuartel reforzará la oferta de vivienda pública en Palma. | Redacción Local

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado la mañana de este viernes en el Consolat de Mar, ante la presencia de la presidenta Francina Armengol, que se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Defensa para iniciar la redacción de un convenio para que Transportes adquiera el cuartel de Son Busquets con el objetivo de poder construir en su solar viviendas protegidas. La decisión de Transportes es que se haga lo antes posible, motivo por el que la ministra ha señalado: «El acuerdo se firmará antes de final de año y vendrá la ministra de Interior, Margarita Robles, para firmar la cesión. La intención es aprobar el convenio cuanto antes para que pronto sea una realidad, ya que ello beneficiará a más de 800 familias que podrán empezar a plantearse su proyecto de vida».

Raquel Sánchez ha celebrado que «por fin» se haya desbloqueado este proyecto para dar respuesta al «preocupante problema de la vivienda en Baleares y, en este caso, en Palma». Ha explicado que el primer paso será la redacción del acuerdo a lo largo del año para, más adelante, iniciar las conversaciones con el Ajuntament para «concretar y materializar las viviendas que podría acoger».
Sobre la financiación, ha señalado que se hará a través de las empresas públicas, como se hizo con Can Escandell en Ibiza, aunque ha indicado que los plazos se concretarán «más adelante».

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Por su parte, Armengol ha recordado que la intención del PP era hacer de Son Busquets un bien especulativo y que el acuerdo muestra las diferencias «entre quien entiende la vivienda como un bien social y quien la entiende como un bien sobre el cual especular». Con el cambio de propiedad, que se hará a través de un convenio entre los dos ministerios y que implicará la compra de la infraestructura por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se aceleran las posibilidades para lograr una reivindicación histórica del Govern y del Ajuntament, que ven en el antiguo cuartel la oportunidad de construir más vivienda pública si el solar, actualmente en estado de abandono, continúa en manos públicas.

Después de haber evitado que los cerca de 11.000 metros cuadrados del antiguo cuartel se subastaran, los últimos años se ha trabajado con el Ministerio de Defensa para poder destinar el espacio a construir más de 800 viviendas públicas destinadas a alquiler social. La presidenta balear ha agradecido a la ministra «la capacidad de colaboración conjunta» y la voluntad «para hacer fácil el trabajo conjunto y la lealtad de trabajar en equipo para encontrar las mejores soluciones para la ciudadanía». Armengol también ha recordado que una de las prioridades del Govern es avanzar para garantizar «el derecho a una vivienda digna y en condiciones de equidad» y ha celebrado que la nueva ley de vivienda estatal, actualmente en tramitación parlamentaria, sea «valiente» y «dé herramientas a las comunidades» para consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar, a pesar de que «las Baleares necesitan medidas que vayan un poco más allá de las medidas del texto legislativo que ahora se está tramitando».

El de Son Busquets es el segundo proyecto de estas características en el que el Govern y el Ministerio están trabajando conjuntamente, puesto que recientemente se llegó a un acuerdo para la construcción de vivienda pública en el solar de Can Escandell, en Ibiza, donde se construirán 530 viviendas de protección pública. El objetivo es que las obras se inicien a principios del 2023. Además de las políticas de vivienda impulsadas por el Govern, con la ampliación del parque de vivienda pública más importante de la democracia, desde el Ministerio se destinan este año a las Islas Baleares 8 millones de euros para la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y 4,8 millones para el bono social de alquiler joven. Además, ya se han transferido 52 millones de euros de los fondos del MRR para construir 492 viviendas de alquiler social y hacer 8.000 actuaciones de recuperación y rehabilitación en viviendas ya existentes.