Aurora Jhardi, antes del juicio, que se celebró el 23 de marzo. | Alejandro Sepúlveda

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La Audiencia Provincial considera demostrado que la exconcejal Aurora Jhardi prohibió los tiqueteros del Grupo Cursach de forma irregular y con la intención de perjudicar a la empresa. La sentencia del tribunal le impone una condena de nueve años de inhabilitación, la pena mínima posible por prevaricación. Jhardi fue juzgada a finales de marzo por haber dictado un decreto en el año 2017 que revocaba la licencia para la publicidad dinámica, apenas tres semanas después del arresto e ingreso en prisión del empresario. El tribunal valora que se trató de una decisión sin motivación que vulneraba el procedimiento habitual, toda vez que ese mismo permiso había sido prorrogado el mes de octubre anterior.

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Las magistradas también tienen en cuenta que el escrito estuviera firmado solo por la edil y la versión dada por los funcionarios que participaron en el procedimiento. Sostuvieron que alertaron a la edil de que no era legal llevar a cabo la revocación de esa manera y que mostraron su disconformidad al no refrendar con sus firmas el documento. En la vista, Jhardi justificó la decisión ante una serie de incumplimientos cometidos por los tiqueteros de la empresa y en el marco de una reordenación de esta actividad de cara a la temporada alta del año siguiente. El tribunal descarta esta versión y da más valor al correo electrónico que constaba en el procedimiento contencioso en el que afirmaba que había que prohibir esta actividad «por motivos obvios».

La acusada, que entonces estaba al frente del área de Función Pública del Ajuntament, se convierte así en la primera responsable pública condenada por hechos relacionados con el ‘caso Cursach’. Con todo, aún tiene la posibilidad de recurrir la condena ante el Tribunal Superior de Justicia en apelación y, ante el Supremo posteriormente en casación. Jhardi abandonó la política activa en el año 2019 y ahora ejerce como docente.