El Ejecutivo pone en duda que se vaya a disponer de las viviendas necesarias para el crecimiento previsto. | Redacción Local

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El Govern balear, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, también cuestiona aspectos fundamentales del Plan General de Palma y ha presentado alegaciones en las que, entre otras cuestiones, ponen en duda las previsiones de necesidad de vivienda, subrayan la posibilidad de que la normativa provoque «una fuerte intervención en el mercado» y critican que no se haya hecho un estudio pormenorizado de cómo afectará el planteamiento en algunas zonas a la movilidad de vehículos. En este sentido, cabe recordar que en ambas administraciones gobierna el pacto de izquierdas.

Así, en un documento enviado a Cort a finales de diciembre del año pasado, el director general de Vivienda del Ejecutivo balear, Eduardo Rosby, desgrana las, a su juicio, inconsistencias del texto que definirá el desarrollo urbanístico de Ciutat en los próximos veinte años. Lo primero que llama la atención de las alegaciones del Govern es la disparidad de cifras para definir la necesidad de vivienda. El plan presentado por Cort habla de que se necesitan 53.218 inmuebles para cubrir la demanda, pero el Ejecutivo defiende que, si se mantiene el ritmo de crecimiento de población actual, serán necesarias 78.852 viviendas. También el cálculo del citado crecimiento de población es erróneo, según el director general de Vivienda, quien lo estima en un 12 % más de lo que habla el plan, «por lo que se necesitarán 24.800 viviendas más que la proyección realizada». Esto supondrá, según Rosby, «que se tendrá que revisar el plan» antes de que acabe su vigencia.

Respecto a las viviendas vacías, el futuro PGOU calcula que existen 16.349 en Ciutat, y el Govern vuelve a cuestionar el dato ya que es del año 2011 «y no corresponde a la realidad». Asimismo, señala que la previsión del plan de que 7.852 de esos inmuebles sin ocupar entren en el mercado inmobiliario «es algo forzado» ya que no existe ningún mecanismo legal que obligue a los propietarios a alquilarlas o venderlas. «El planteamiento que hace Cort para conseguir las viviendas es teórico. No se garantiza que el plan disponga de las viviendas necesarias para el crecimiento previsto», según se recoge en las alegaciones.

Otro aspecto destacable de las dudas del Govern se refiere a la vivienda protegida ya que, aseguran, su alto porcentaje «provocará una fuerte intervención en el mercado para el control de precios. Está por ver el impacto que esto puede tener sobre la restante vivienda libre nueva», señalan. El Plan General se basa, entre otras cosas, en aumentar densidades y en evitar crecimientos dispersos, cosa que para el Govern son «principios sensatos» pero apunta que lo son «siempre y cuando se hayan realizado un estudio pormenorizado de la movilidad de vehículos».