El hecho de no recibir las multas impide a los sancionados acogerse al descuento por pronto pago y, además, puede provocar recargos. | Pere Bota

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El Ajuntament de Palma ha abierto un expediente a una de las dos empresas encargadas de repartir las multas y notificaciones oficiales del Consistorio y se plantea rescindir el contrato que les une tras la detención, el pasado 21 de febrero, de cuatro notificadores de dicha empresa por falsificar los acuses de recibo de las sanciones. Cabe recordar que al principio de legislatura Cort sacó a licitación dos lotes para asumir el reparto de las sanciones y se adjudicaron, al ser las que mejores condiciones ofrecieron, el primero a Correos, con el que no habido ningún problema según fuentes municipales, y el segundo a la empresa privada ahora investigada. El contrato se firmó por tres años prorrogables dos años más y ahora los responsables del área, junto con los servicios jurídicos, estudian rescindir el contrato por incumplimiento del mismo.

Una vez se conoció la detención de los cuatro trabajadores, otro más de la misma empresa también fue detenido en otoño por no entregar las notificaciones y falsificar las firmas, desde el Ajuntament se pidieron explicaciones a la directora local de la compañía para conocer los pormenores del caso. Los argumentos de la empresa, con presencia en todo el territorio nacional, llegaron anteayer a Cort y en estos días se estudiarán y se tomará la decisión de que hacer con el servicio. Al parecer, los trabajadores argumentaron que su sueldo era bajo y que cobraban comisiones cuando el porcentaje de notificaciones era elevado.

El problema, en esta situación, es que la infracción que cometieron los detenidos es considerada como delito penal contra la intimidad de las personas, al abrir las multas, y de falsedad documental, al falsificar la firma en un documento oficial. El hecho de que estas multas no fueran entregadas ha provocado, asimismo, perjuicios en los ciudadanos sancionados ya que, al no recibirlas en tiempo y forma, no pudieron acogerse    al descuento por pronto pago que establece la normativa. El proceso de notificación de sanciones establece que se tienen que entregar en el domicilio y, en caso de no poder hacerlo, se vuelve antes de tres día en un horario diferente. Si el afectado no la recibe ni acude a recogerla en un mes la sanción se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Comunitat Autònoma pero con un recargo de doble o el triple de la sanción inicial.

El apunte

Se imponen casi mil multas diarias

Cort emitió durante el año pasado, según publicó este diario hace unas semanas, más de 350.000 multas de circulación y estacionamiento lo que supone casi mil sanciones al día. Este volumen de notificaciones, unido a los problemas aquí contados, hizo que la Defensora de la Ciutadania, Anna Moilanen, ya denunciara que el servicio está colapsado y que muchos ciudadanos se habían quejado de que no les habían llegado las multas.