Las multas de tráfico en Palma se han duplicado durante el último año. | Pere Bota

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El Ajuntament de Palma ha puesto casi 1.000 multas de tráfico al día durante el año 2021, concretamente 958 cada una de las 365 jornadas del ejercicio anterior, según datos aportados por el regidor de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, durante el pasado pleno municipal. Así, Dalmau, en respuesta al edil del PP Guillermo Sánchez quien le consultó sobre el sistema de identificación de los conductores, aseguró que durante los últimos doce meses el Consistorio había enviado 350.000 notificaciones por infracciones de circulación, la mayoría por exceso de velocidad o no respetar semáforos y señales, y por aparcamientos irregulares, ya sea en zona ORA, vados o en ubicaciones no autorizadas.

Cabe destacar que estas cifras son muy superiores a las registradas en años anteriores ya que en 2019 se impusieron algo mas de 250.000 sanciones y en el curso de 2020, por la pandemia, se notificaron unas 175.000 multas. En el caso de las infracciones por circulación el incremento interanual se debe a la instalación de radares, nueve, en diversos puntos de la ciudad, aunque según apuntó en su día Cort no todos están operativos. De hecho el primer radar que se puso en marcha en 2019 sólo generó unas 700 multas que pasaron a ser 1.400 el año pandémico y que se han disparado el último ejercicio hasta las casi 100.000 sanciones solo por esta vía y con más aparatos de control instalados.     Previsión

Aún no se sabe cuánto ha recaudado el Ajuntament de Palma por estas infracciones, hay muchas tramitaciones sin cerrar pendiente de recursos y alegaciones, pero la previsión de Mobilitat, recogida en los presupuestos, era incrementar los ingresos por este concepto de los 13,5 millones a los 20 millones de 2020 al 2021. Fuentes del área municipal aseguran que puede que se cumpla la proyección que hicieron, incluso que se supere, pero no pueden confirmarlo de momento y recuerdan que no todas las sanciones terminan cobrándose por diversos motivos, como puede ser insolvencia del infractor o por no poderse localizar. La oposición en su momento, cuando se anunció la instalación de radares y el incremento de zonas ACIRE, criticó el «afán recaudatorio» del Ajuntament y acusó al Pacte de querer compensar la caída de recaudación de años anteriores.