Imagen de archivo de un perro de una raza considera potencialmente peligrosa. | R.L.

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El Ajuntament de Palma finalmente no aprobará la ordenanza municipal de tenencia de animales este año, como había anunciado, y espera hacerlo a finales de legislatura aunque puede que no llegue a aprobarse este mandato. La razón es que el Consistorio ha decidido esperar a que se apruebe la Ley estatal de Protección y Derechos de los Animales, que ya se está tramitando en el Parlamento. «Nos parece más razonable esperar al trámite de esta ley y después adecuar la ordenanza municipal», declara el concejal de Medi Ambient i Benestar Animal, Ramon Perpinyà. En un principio, el planteamiento del Consistorio era poner en marcha la ordenanza «porque parecía que la aprobación de la ley nacional iba para muy largo y no se podía esperar tres o cuatro años, pero ahora las cosas han cambiado», expone el edil.

«Lo que no tiene sentido –añade– es aprobar una ordenanza si se está tramitando una ley sobre el mismo tema, para luego tener que realizar modificaciones sustanciales». «Si lo hiciéramos ahora nos podríamos encontrar con que aprobamos una ordenanza que al mes ya es contradictoria o no cumple la nueva ley nacional y eso no tendría lógica, es una situación transitoria pero es lo más prudente, otra cosa es que la ordenanza se hubiera podido aprobar al finales de la pasada legislatura o al principio de ésta». Por lo pronto, indica el edil, ya existe un borrador de la ley estatal en el que hay algunos conceptos que cambian con respecto a lo que había hasta ahora en la norma vigente y, por tanto, en relación a lo que plantea la nueva    ordenanza municipal.

Uno de estos aspectos novedosos que contempla el borrador de la ley estatal se refiere al tratamiento de las razas de perros potencialmente peligrosas (PPP), pues «la ley ya no habla de razas sino de animales, es decir que ya no se considerará PPP a todos los perros de unas determinadas razas sino que dependerá del comportamiento y no de la raza, de si el animal en cuestión está bien educado y es tranquilo», argumenta el edil. Para ello se deberá acreditar esa educación    y la nueva ley determinará cómo hacerlo.

Plazos

Por tanto, insiste Perpinyà, «no podemos avanzar en la ordenanza municipal    pues nos tenemos que adecuar a algo que tenga cierta consistencia y ahora mismo la ordenanza municipal si se aprobase debería cumplir la ley vigente, no la nueva». El regidor estima que la nueva ley puede estar vigente quizá en un plazo de siete u ocho meses, aunque puede tardar más si se presentan muchas alegaciones, con lo que la ordenanza municipal no se aprobará seguramente antes de 2023, año electoral, pues la tramitación que se requiere para aprobarla es de unos meses. Con todo la consecuencia es que probablemente la legislatura pasará sin que se haya podido aprobar la ordenanza después de que a finales del pasado mandato ésta se retirará de la mesa en el último momento por discrepancias entre los socios de gobierno.