Cort paraliza las liquidaciones de plusvalías a la espera de conocer cómo afecta la sentencia del Constitucional. | Pere Bota

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El Ajuntament de Palma ha paralizado todas las liquidaciones de plusvalías por prudencia tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la nulidad de varios aspectos del cálculo de este impuesto municipal, el segundo más importante después del IBI.

El concejal de Hisenda del Consistorio, Adrián García, ha explicado este miércoles que el impuesto de plusvalías es el que grava el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (cuando se vende un edificio o una vivienda el valor del solar se incrementa y se tiene que tributar por esta parte) y que en el caso de Palma supone una recaudación anual de unos 25 millones de euros, lo que significa entre 5 y el 6% de los ingresos totales de Cort.

En los últimos años, ha recordado el edil, «ha habido distintas sentencias que han puesto en duda este impuesto y finalmente ahora el Tribunal declara inconstitucional algunos artículos esenciales para hacer el cálculo». Ante ello, García apela a la «prudencia» porque «primero tenemos que conocer la sentencia y ver la letra pequeña para ver cómo afectará a Palma».

La sentencia, ha expuesto el regidor, tendrá vigencia a partir del día de su publicación, pero insistió en que «por prudencia hemos parado todas las liquidaciones y recomendamos esperar a conocer el fallo. Éste determinará si se aplica en el momento de la compraventa o si tiene retroactividad o no, aunque parece que no va a tenerlo».

Según lo que diga el fallo, admite García, «evidentemente supondría una pérdida de ingresos importante», por lo que ha añadido que «queremos esperar a conocer la reacción del Estado, que ya ha dicho que está trabajando para tomar las medidas necesarias, bien legislativas o de ayudas a los ayuntamientos. Confiamos en que sea así, pues ya tenemos precedentes, como en el tema de las modificaciones de remanente o de ayudas COVID, en que se habilitaron medidas fiscales cuando hizo falta y fueron un buen aliciente para los ayuntamientos».

Hasta ahora, recuerda García, «se devuelven solo las plusvalías que se verifica que se han pagado sin haber una plusvalía. Y con esta sentencia pues, a priori, no se deberá devolver nada pues, reitero, parece ser que no tiene efectos retroactivos».

Por último, el edil ha declarado que «este es un buen momento también para volver a reclamar mayor financiación para los ayuntamientos por parte del Estado que nos permita más autonomía fiscal para la generación de ingresos municipales».

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Por su parte, el alcalde de Palma, José Hila, ha considerado «preocupante» la sentencia del TC «pues se trata de uno de los principales impuestos municipales y ahora que se están elaborando los presupuestos del año que viene es una mala noticia».

El primer edil espera que «el Gobierno de España reaccione rápido y legisle para que los ayuntamientos puedan seguir cobrando esta plusvalía, que es un impuesto histórico, porque si no tendremos que hacerlo mediante algún otro impuesto». «El gobierno debe dar alguna alternativa a los municipios porque si no será un drama», admite el alcalde.

Hila asegura que Cort no subirá los impuestos por este motivo, como ha prometido, «porque si se sustituye este impuesto por otro no será subir impuestos, pues se cobraría lo mismo, pero me gustaría que no cambiase nada y poder hacer el presupuesto de 2022 con tranquilidad».

JUNTA DE GOBIERNO

Por otro lado, García ha explicado que la Junta de Gobierno aprobó la formalización de un crédito de 82 millones de euros que permite amortizar una deuda del mismo valor que se hizo para pagar a proveedores y para abonar sentencias firmes «que nos ataba a un plan de ajuste». Con esta medida, dice, «se ahorran casi 3 millones de euros en intereses, pues se ha conseguido una financiación a 0% de interés y sobre todo nos permite 6 años antes de lo previsto salir del plan de ajuste en el que estábamos inmersos».

La Junta de Gobierno también dio luz verde a la modificación de la ordenanza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) «y, por séptimo año consecutivo, se reduce el tipo aplicable para compensar la ponencia de valores catastrales, con lo que en estos siete años se habrán ahorrado hasta 40 millones de euros a los ciudadanos de Palma».

Además «se mantiene el tipo diferencial entre una vivienda normal y una gran superficie, con una diferencia de un 35%». En este sentido, el edil recordó que «cuando nosotros llegamos había una diferencia mínima del 5 % entre un piso de Son Gotleu y una gran superficie y lo hemos ido haciendo progresivo hasta este 35%».

Otra novedad es que la Junta acordó mantener como permanente la modificación de la Ordenanza Fiscal General realizada el año pasado para ofrecer medidas especiales para facilitar los fraccionamientos y aplazamientos de deuda con motivo de la pandemia. «Hemos decidido dejar permanente esas facilidades para que los ciudadanos puedan asumir estos compromisos», apuntó el regidor.

Entre las facilidades estaban la eliminación de la necesidad de pedir un aval para aplazar deudas de 6.000 hasta 15.000 euros, y que las deudas de 6.000 euros se pudieran pagar en un año en lugar de en seis meses. Igualmente se amplían las bonificaciones por pronto pago para las sanciones pasando de un 50 a un 65 % en unos casos y de un 25 a un 40% en otros para así facilitar el cumplimiento con las sanciones en periodo voluntario.