Imagen de los concentrados. | T. Ayuga

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Cerca de 60 personas, algunas de ellas representantes de diversos colectivos, se concentraron ayer ante la sede del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), en la Plaça del Mercat, para mostrar su repulsa por la sentencia del pasado 15 de septiembre de este tribunal que autorizaba el alquiler turístico en pisos en Palma, algo que prohíbe el Ajuntament, por considerar que «prioriza la libertad del negocio turístico por encima de las necesidades de la ciudadanía».

«Rechazamos la sentencia del tribunal y le instamos a salir de su atalaya de poder y escuchar a los que padecemos las consecuencias de esta actividad que, pese a estar prohibido en Palma, se sigue practicando con absoluta impunidad», declaró la presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAAVV), entidad convocante de la concentración, Maribel Alcázar. A la protesta se sumaron el GOB, Terra Ferrida, Palma XXI, Ciutat per qui l’habita, Joventut pel clima, Plataforma de Veïns de Son Espanyolet, Recuperem Marivent, la Coordinadora Balear per la Defensa de les Pensions Publiques y Fòrum Ciutadà de Mallorca. También se adhirió Més per Palma, con la presencia del coordinador de la formación, Antoni Noguera, y de la regidora Neus Truyol en la concentración.

La sentencia, recordó la Federació mediante un comunicado que fue leído por Alcázar,    «estimó el recurso presentado por Habtur Baleares contra el acuerdo de pleno del Ajuntament de prohibir el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares en todo el municipio».    En resumen, en ella «la libertad de mercado y de negocio prevalece por encima de los derechos fundamentales de los vecinos», criticó la presidenta de la Federació.

Pero, añadió, el Tribunal Superior «no tuvo en consideración las 5.469 firmas acreditadas que avalaron la iniciativa popular presentada por la Federació y que están en la base del acuerdo del pleno por el que se prohibió este alquiler vacacional en pisos».

Tampoco tuvo en cuenta «la incompatibilidad entre el ocio turístico y la residencia de los que habitamos la ciudad, que inevitablemente genera molestias por ruido y música alta a cualquier hora, vulnerando el derecho al descanso y a la inviolabilidad de la vivienda».

Una inspección eficaz

Otro aspecto que resaltó la Federació es la incidencia de esta actividad sobre el precio del alquiler residencial.

Desde la Federació se instó al Ajuntament a «recurrir la sentencia y a documentar adecuadamente las numerosas denuncias y quejas que avalan las demandas». «El alquiler turístico en viviendas unifamiliares en Palma es un hecho pese a su prohibición, por eso exigimos que antes de que aumente y se consolide se ponga en marcha un sistema de inspección eficaz de acuerdo con la dimensión del problema», reclamaron los convocantes.

Otro punto que recordó la FAAVV es que «los ciudadanos no podemos ejercer de espías de nuestros vecinos, como se nos pide cada vez que denunciamos, exigiendo además pruebas físicas que difícilmente podemos obtener por nuestros medios».