La regidora de Model de Ciutat en Cort, Neus Truyols. | Redacción Local

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El Ajuntament de Palma ha interpuesto entre enero y junio de este año un total de 105 sanciones de disciplina urbanística con un volumen económico global de 4,5 millones. Esta cifra es muy superior a la registrada durante todo el año pasado, cuando se pusieron 104 multas por ilegalidades urbanísticas por un importe de 1,2 millones.

Este importante incremento del 200 % en cuanto a las sanciones y del 500 % en cuanto al importe económico de estas multas es el resultado del cambio normativo y del refuerzo del Departamento de Disciplina Urbanística de Cort para mejorar su eficacia, según informó este martes la regidora de Model de Ciutat en Cort, Neus Truyols.

La edil también indicó que en el primer semestre de este año se han emitido 45 órdenes de demolición de obras ilegales, frente a la 61 de todo el año pasado, «por lo que de seguir a este ritmo es evidente que el año acabará con una cifra mucho más alta que la de 2020», indicó.

Truyol explicó que «es importante evitar que ciertas personas o ciertas empresas se nos cuelen por la puerta de atrás y realicen actuaciones ilegales que, además, se perpetúen en el tiempo». Hacía demasiado tiempo, recordó, «que incumplir la normativa salía gratis por lo que se tomó la decisión de reforzar el servicio».

Aseguró que el afán del servicio de Disciplina Urbanística no es recaudatorio, «sino que busca que se cumpla la normativa y que todo el mundo vea que somos contundentes con quien no cumple para que eso produzca un efecto multiplicador y lleguemos a un punto en el futuro en que no sea necesario poner sanciones».

Las cifras, dijo, «demuestran que los tiempos han cambiado y seguiremos trabajando en esta línea, ya no hay marcha atrás».

La concejala insistió en que esto ha sido posible, en primer lugar, por la mejora de la organización laboral del Departamento de Disciplina. Pero también por un cambio normativo a nivel autonómico.

En este sentido recordó que, a petición del Consistorio palmesano, en la Ley Urbanística 2/2021 se modificó el porcentaje de exoneración por infracción urbanística.
Antes, expuso la responsable municipal, la ley autonómica contemplaba que si alguien realizaba una obra sin licencia y era sancionado, pero después legalizaba esta obra mediante un proyecto se le descontaba un 95 % del importe de la multa. «Ese gran descuento estimulaba a infringir la legalidad y por eso desde Urbanisme se pidió el cambio para que la exoneración pasase a ser solo del 50%, una cifra más persuasiva para los infractores, que se lo pensarán dos veces porque se le tocará el bolsillo de una manera más contundente», aseveró.

Por otro lado, también desde el Ajuntament se pusieron en marcha las multas coercitivas, de modo que cuando una persona comete una ilegalidad y se le abre un expediente sancionador si no restablece la legalidad en dos meses se le pueden poner multas coercitivas durante 12 meses seguidos por un importe de un 10% del coste de la obra ilegal hasta que lo haga.

Si pasados esos 12 meses se sigue sin restablecer la legalidad, el Ajuntament puede actuar de manera subsidiaria, demoliendo la obra ilegal y pasando la factura al propietario.

Con todo ello, Truyol aseguró que «hoy por hoy sale caro incumplir la ley urbanística».