Según la edil la nueva ley estatal de vivienda debe incluir la definición como un derecho humano subjetivo e integrar los «avances» legislativos logrados con las leyes de Baleares y de Cataluña. FOTO:PERE BOTA | Pere Bota

8

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha enviado este martes una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que expone la problemática de la vivienda que sufre Palma y pide la implicación del Estado para resolverla.

En la misiva, la edil reclama que la nueva ley estatal de vivienda permita a las administraciones locales limitar el precio de los alquileres, dotar económicamente a los municipios para poder ofrecer alternativas de vivienda y evitar los desahucios.

Truyol apunta que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional y universal y que las administraciones tienen el deber de garantizarlo. Además, recuerda el paso de Sánchez por la política municipal, como alcaldesa de Gavà, cuando se aprobó el Plan Local de Vivienda que incluía medidas como la ampliación del parque de vivienda asequible y social.

Según expone la regidora, en los últimos seis años, el precio medio del alquiler ha crecido un 50 % en Palma y la mayoría de la población destina más del 30 % de sus ingresos a este fin. Así, asegura que es «imprescindible» impulsar cambios estructurales y normativos que hagan posible hacer frente a esta situación.

Por ello, la regidora considera que la nueva ley estatal de vivienda debe incluir, entre otros puntos, la definición de vivienda como un derecho humano subjetivo e integrar los «avances» legislativos logrados con las leyes de vivienda de Baleares y de Cataluña.

Asimismo, Truyol pide priorizar el incremento del parque público de viviendas de alquiler social, financiar adecuadamente a los ayuntamientos para este objetivo, amparar las personas víctimas de desahucios y limitar los precios de alquiler.

Finalmente, la edil reclama incorporar políticas activas para garantizar una vivienda digna a los jóvenes y que la ley incluya una obligación de realizar diagnósticos para observar el acceso al derecho de la vivienda y disponer de datos socioeconómicos sobre las víctimas de desahucios, entre otros aspectos.

«Esperamos que estas propuestas tengan una buena acogida, y quedamos a su disposición para mostrarle de primera mano la situación de la vivienda de Palma», concluye Truyol en la carta.