Además, también se ha decretado que en un plazo de siete días se apuntalen los edificios «para garantizar la seguridad estructural y que en tres meses se presente un informe técnico emitido por un técnico competente donde se revise la seguridad estructural de ambos inmuebles y se asegure que el cierre estanco de la red de saneamiento».
El decreto, informó Cort, se produce después de la inspección por parte de los técnicos municipales del Servei de Protecció de l'Edificació a los locales de la planta baja de los dos edificios, donde constataron el mal estado de la estructura de hormigón. «Enseguida se procedió de manera inmediata al desalojo y precintado de los edificios, una medida que afecta a 35 viviendas (19 en Andreu Feliu y 16 en Francesc Molina), así como a las actividades que se llevan a cabo en los locales de las plantas bajas».
Durante todo el miércoles, se informó, efectivos de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y trabajadores sociales «colaboraron en el desalojo y asistieron a las personas afectadas».
Desde el área de Benestar Social se atendió a doce familias y se ofrecieron varias alternativas como el centro de acogida temporal (CRAT) para aquellas familias que no disponían de alternativa de alojamiento. En concreto, se atendió a seis unidades familiares (11 adultos y 3 menores) del edificio de Andreu Feliu, «que manifestaron que disponían de alternativa habitacional y no necesitaron ir al centro». En el caso del edificio del edificio de Francesc Molina, se atendieron a seis unidades familiares y, en este caso, dos adultos fueron derivados al CRAT.
«El resto de vecinos afectados fueron a segundas residencias, en casas de familiares o alojamientos proporcionados por la cobertura de su seguro». En todo caso, se añadió desde el Ajuntament, «se ha puesto a disposición de las comunidades el contacto de los servicios municipales por si necesitan de sus servicios».
En la mañana de este jueves, los técnicos municipales, junto con el técnico designado por las comunidades, han revisado conjuntamente el estado del edificio con el fin de agilizar las tareas de apuntalamiento tal como dicta el orden de ejecución.
Desde Model de Ciutat se hace un llamamiento a los propietarios de los inmuebles «a cumplir la obligación legal del deber de conservación y rehabilitación de los edificios con el fin de asegurar las condiciones de seguridad, así como presentar los pertinentes informes de evaluación de edificios (IEE) que sirven, entre otros, para evaluar el estado de conservación».
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