En el interior de los aparcamientos subterráneos se producen conflictos con frecuencia. | T. Ayuga

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Los golpes que se dan los vehículos dentro de los aparcamientos de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP) por la circulación o maniobra de los mismos, así como las roturas o arañazos son la principal causa de reclamación de los ciudadanos ante esta empresa. Así lo reconoce el gerente de la misma, Pedro Manera, quien también asegura que «en tres de cada cuatro casos la SMAP no es responsable del incidente».

Le siguen las reclamaciones por incidencias en los cajeros de pago de los aparcamientos, por devolución errónea de dinero o por un billete que se queda atascado, que «habitualmente son solucionadas en el momento por alguno de nuestros agentes». Las quejas también se deben, en otros casos, a incidencias relacionadas con las instalaciones y con deficiencias en su mantenimiento, como humedades, limpieza, funcionamiento de la alarma, etc.

Bicipalma

La SMAP se enfrenta también a denuncias relacionadas con Bicipalma (por fallos con los anclajes básicamente) y con la ORA. En este último caso es muy habitual que cuando el usuario no está conforme con la denuncia interpuesta reclame la anulación de la misma. Para atender todas estas reclamaciones, la SMAP se ha adherido al arbitraje de Consum, un sistema de resolución de conflictos de consumo. De esta forma, la SMAP acepta que los conflictos que puedan surgir entre la empresa y los usuarios se resuelvan mediante este procedimiento que es voluntario, gratuito y sencillo.

Como una sentencia

Entre otras cuestiones este procedimiento permite resolver diferencias de forma rápida y sin formalidad excesivas. El gerente asegura que «se trata de una vía mucho más rápida que la de los tribunales y las decisiones de este tribunal tienen el mismo valor jurídico que una sentencia».

En efecto, las resoluciones de los colegios arbitrales se conocen como laudos, son vinculantes y ejecutivos y tienen el valor de cosa juzgada, por lo tanto las partes no pueden someter el mismo hecho a los tribunales de justicia.

De esta forma, la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes se suma a Emaya y a la Empresa Funeraria Municipal y se convierte en la tercera empresa municipal que se suma a esta fórmula que ofrece la Direcció General de Consum del Govern y a la que ya están adheridas un total de 1.305 empresas.