Imagen de un desahucio en Palma. | Alejandro Sepúlveda

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Entre los meses de enero y abril se han programado en Palma 229 lanzamientos con demanda judicial, lo que supone una media de casi 60 al mes. Esta cifra de desahucios es muy superior a la del año pasado, cuando en los doce meses se programaron 461, cerca de 40 al mes de media. De hecho la cifra de desahucios programados este año es superior también a la de los años anteriores (369 en 2019, 347 en 2018, 396 en 2017, 309 en 2016 o 99 en 2015). Para los próximos meses la media es también de entre 50-60 lanzamientos programados al mes.

Este agravamiento de la emergencia habitacional que se vive en Palma ha obligado a la Oficina Antidesahucios a reforzar su personal para poder atender el aumento de la demanda de familias en situación de vulnerabilidad que atiende. Así, la regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, explicó este martes que se ha contratado a cuatro trabajadores sociales y un auxiliar para agilizar las tramitaciones de los expedientes.

La oficina gestionó en 2020 un total de 1.029 expedientes, la mayoría (801) por impagos de alquiler, mientras que en los primeros cuatro meses de este año ya ha gestionado más de 460. También ha enviado a los juzgados entre enero y abril 163 informes de vulnerabilidad, que suponen más que los 157 que emitió en todo el año 2020 o los 82 del año 2019.

La regidora lamentó que «la crisis es profunda y será larga de superar», por lo que consideró que el aplazamiento de los desahucios durante tres meses a partir del levantamiento del estado de alarma, acordado por el Gobierno central, «no será suficiente».

Por eso, la responsable municipal reclamó «un paquete de medidas urgentes» que incluye la regulación urgente del precio del alquiler de las viviendas o la suspensión de los desahucios mucho más allá de los tres meses anunciados. También exigió la actualización del registro de viviendas vacías de grandes tenedores a fin de «presionarles en aplicación de la ley autonómica que otorga a la administración el derecho preferente de compra cuando un gran tenedor pretende vender sus viviendas a un fondo».

Otro dato apuntado por Truyol es que en lo que va de año se han logrado parar un 67 por ciento de los desahucios, frente al 49 por ciento del año pasado, pero Truyol insistió en que «estos lanzamientos volverán más adelante».

En cuanto al perfil de los usuarios de la oficina, indicó que mayoritariamente son personas de entre 31 y 65 años, y un 63 por ciento de las personas que acuden en busca de ayuda son mujeres. Las unidades de convivencia más frecuentes están formadas por parejas con hijos o personas solas.

Los barrios con más afectación en relación a los expeddientes gestionados por la oficina son de la zona del Llevant, como Son Gotleu, Pere Garau, Foners, Camp Redó, Soledat Nord, Rafal Vell y Bons Aires.