Imagen de archivo de la cantera sa Garrigueta Rassa, que cerró en el año 2004. | P. ROIG

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Las entidades vecinales y ciudadanas agrupadas en la Plataforma «No Toqueu Sa Garrigueta Rassa» han rechazado este miércoles los proyectos de reapertura de dicha cantera y la de Can Rosselló porque antepondrían los intereses lucrativos de dos empresas al interés general.

Ante los proyectos de rehabilitación o restauración de ambas canteras, aseguran en un comunicado que estas actuaciones no justificarían los plazos de 30 y 25 años marcados en los proyectos, y advierten de que «estos plazos solo se explican como un nuevo periodo de explotación».

La plataforma, que integra a vecinos de Nova Son Roca, Establiments, Son Anglada, Secar de la Real, Son Rapinya, Son Espanyol y Son Roqueta, además de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, el GOB, Terraferida, Ciutat per qui l'Habita i Amics de la Terra, se opone a los dos proyectos.

Denuncian que «bajo las calificaciones de rehabilitación o restauración o cualquier otro, encubren nuevas fases de explotación y reapertura de ambas canteras».
Señalan que estas canteras fueron cerradas por orden judicial por «los importantes problemas que causaban a los vecinos», al estar situadas a una zona muy próxima a viviendas, «además del peligro que generaba el paso de camiones por una carretera estrecha y transitada, así como la destrucción de un entorno natural valorado como ANEI».

La plataforma considera que la rehabilitación se debería haber exigido a las explotadoras «inmediatamente después de su cierre», como indica la normativa, y advierte de que, si se lleva a cabo ahora, no se justifica el plazo previsto por las empresas de 25 o 30 años, que «solo se explican como un nuevo periodo de explotación, bien como cantera o bien como escombrería».

Alertan de que ambas actividades «volverán a causar graves problemas y peligros a los vecinos y daños al entorno natural».

Detallan que el proyecto de Sa Garrigueta Rassa «ni siquiera supone una renuncia a las voladuras», y se limita a introducir el martillo mecánico como método posible de extracción, en el caso de que lo exija la administración, y a renunciar a una parte de la comercialización del acopio disponible.

Advierten de que supone la destrucción de 5.850 metros cuadrados de zona ANEI; un depósito de 4.031.000 metros cúbicos o 6.651.150 toneladas de escombros en una zona adjunta al acuífero de Na Burguesa, utilizado por Emaya como suministro de agua potable; y trasiego de camiones por una carretera que en algunos tramos no supera los 6 metros de anchura y que usan escolares para ir al colegio de Son Anglada y vecinos de Puigpunyent para entrar en Palma.

En cuanto al proyecto para la cantera de Can Rosselló, las entidades estudian presentar alegaciones. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ya lo ha hecho.

La plataforma asegura que, para rehabilitar o restaurar ambas canteras, «es suficiente con cercar la zona, evitando que las cabras se coman los brotes tiernos, aportar tierra fertil y semillas, retirar las herramientas y maquinaria que aún hay en ellas y aprovechar el acopio como relleno». Se trata de «mejorar las condiciones para que la naturaleza cumpla su función reparadora».

Insisten en que la ubicación de las canteras en una zona habitada, de valor ecológico y de acceso por una carretera estrecha, reúne las condiciones para una explotación durante más de 25 años, ni como cantera ni como escombrera.

Las entidades vecinales señalan que nada justifica que se antepongan intereses empresariales a la defensa del interés general de los ciudadanos y la protección del entorno natural donde están las dos canteras.