Imagen de la barriada de Can Capes. | L. FORTEZA

8

El Ajuntament de Palma declarará áreas de conservación y rehabilitación prioritaria los barrios de Son Gotleu, Can Capes, La Soledat y Nou Llevant, una zona de 150 hectáreas de la ciudad en la que viven cerca de 30.000 personas en 1.800 edificios o más de 10.000 viviendas que tienen una edad media de más de 60 años.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, explicó que una diagnosis social realizada en los últimos meses ha concluido las desigualdades que hay entre los diferentes barrios y la necesidad de actuar de forma preferente en estas barriadas del Llevant de la ciudad. Se trata de zonas con una alta densidad de población, en buena medida empobrecida, con gran concentración de colectivos vulnerables, altos índices de analfabetismo, personas sin estudios y desempleo, y donde el estado de las viviendas es, en general, muy mejorable.

«No actuar no es una opción, si no se hace la degradación urbana y social se irá incrementando y eso supone dejar estas zonas en manos de la especulación que siempre da lugar a un proceso de gentrificación, de crecimiento a costa de la expulsión de los vecinos», advirtió la edil.

Para evitar este proceso, Truyol expuso cuatro líneas de actuación que se quieren llevar a cabo, la primera de las cuales es la declaración de áreas de conservación y rehabilitación. Se trata de una herramienta que concede la ley de vivienda del Govern que, entre otras cosas, permite que estas zonas sean consideradas de intervención prioritaria y, así, generar mecanismos como subvenciones específicas para necesidades propias de estas zonas. Además, esta declaración también posibilita que la administración pública se convierta en el agente prioritario (a través del derecho de tanteo y retracto) a la hora de comprar viviendas en estas zonas, tanto de grandes tenedores como de pequeños propietarios. Esta opción, indicó la edil, «posibilitará comprar más viviendas que pasarán a ser públicas y también influir en la bajada del precio de los inmuebles».

Una segunda línea es la puesta en marcha de un programa urbanístico con el que mejorar el entorno público y comunitario de estos barrios. Con ello, además de mejorar las zonas, también se podría adquirir nuevo suelo público mediante la modificación del trazado viario y de los espacios públicos. El Consistorio ha calculado que este nuevo suelo podría tener un potencial de 200 viviendas públicas.

La tercera línea de trabajo son los programas de rehabilitación de viviendas. En este sentido, la regidora avanzó la apertura de una oficina de asesoramiento y acompañamiento para informar a los vecinos de las opciones o subvenciones posible para realizar las mejoras. El objetivo en este caso, cifró, es llegar a un 30 % de las viviendas, es decir, más de 3.000 viviendas en las que se quiere trabajar en los próximos años.

Por último, una cuarta línea de trabajo es la creación de una herramienta digital para identificar y analizar las cifras sociales y urbanísticas.

Para poder ejecutar este plan Cort precisa financiación externa, «pues supone un volumen presupuestario que el Ajuntament no tiene», y para ello se ha presentado el proyecto a los fondos europeos para la regeneración urbana. El presupuesto estimado es de 22 millones de euros, que incluye una línea de subvenciones por valor de once millones de euros.