Maria Antònia Ferrer hace medio año que no puede pagar el alquiler. | Gemma Marchena

44

El 23 de abril está marcado en rojo en el calendario de Maria Antònia Ferrer. A sus 48 años dormirá en la calle si no consigue parar el desahucio por impago del alquiler desde agosto. Las cuentas no cuadran para Maria Antònia: vive en un piso de alquiler de 630 euros y cobra 650 por 20 horas de trabajo semanales en un empresa de limpieza. Con ella se irán a la calle su hijo mediano, con una discapacidad del 50 por ciento, su hija de 18 años, que acaba de anunciar que está embarazada y la pareja de Maria Antònia, con una discapacidad del 10 por ciento y «fuertes dolores que le impiden trabajar».

Ferrer ha visto cómo su sueldo de 900 euros ha sufrido un tijeretazo por la caída del trabajo a raíz de la pandemia. Gracias a una tarjeta de 300 euros pueden llenar la nevera y está a punto de que le corten el suministro de luz y agua por impago. «En octubre se nos acabó el contrato y el propietario quería traer a su familia de Marruecos. Soy sincera: no descarto okupar una vivienda».

Ferrer recuerda los duros tiempos en los que sufrió depresión «y mi exmarido se llevó a mis hijos a Valladolid. Volví con él pero era un alcohólico maltratador y tuve que dejarle». Ferrer vio cómo a sus hijos se los llevó el IMAS, luego recuperó la custodia y rehizo su vida. Ahora se enfrenta a un desahucio y «Benestar Social me da como solución irme a un albergue. Pero sé como es aquello y no quiero. He pedido una vivienda al Ibavi pero igual que yo hay otros 40.000 más».

El 23 de abril está a la vuelta de la esquina y Ferrer siente pavor en esta cuenta atrás. Muchos como ella están mirando con temor el calendario: «Ya nos han dicho que cuando acabe el estado de alarma habrá más desahucios».

Avalancha

El miedo de inquilinos y la Plataforma de Afectados por Hipoteca (PAH) coincide con las previsiones que maneja Neus Truyol, regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat. «En los últimos seis meses hemos tenido una media de 60 desahucios programados al mes. Muchos de éstos se paran, calculamos que dos tercios».

Pero estos casos congelados en los juzgados se volverán a activar en cuanto se derogue el estado de alarma. A partir del 9 de mayo está previsto que acaben también las medidas de protección hacia los inquilinos vulnerables por impago de alquiler. Para entonces, Truyol advierte que «se duplicará el número de desahucios y llegaremos a los 120 mensuales».

La Oficina Antidesnonaments trabaja a destajo para atender todos los casos. «Los técnicos están desbordados y los juzgados nos piden informes de vulnerabilidad para paralizar los lanzamientos».

La situación social es dramática y «nos llegan casos programados para dentro de cuatro días, por lo que en la Oficina actúa de manera inmediata». Los técnicos están volcados ahora en parar la oleada y también trabajan con propietarios particulares que «necesitan recuperar su vivienda porque están en paro».