El regidor de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo.

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El informe jurídico del Ayuntamiento de Palma avala compensaciones a las empresas adjudicatarias de los servicios de las playas, según anunció este miércoles el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo.
El edil, que no quiso entrar en detalles sobre el contenido del informe, pero sí confirmo que «prevé algunas indemnizaciones» y dijo que «hay que mirar bien cómo se concreta exactamente todo esto para responder a la petición de los concesionarios», que básicamente era una prórroga de una serie de años en la concesión por estas pérdidas.
Por tanto, insistió Jarabo, «seguimos evaluando este informe y hemos tenido diferentes reuniones con las áreas de Turismo y Emaya». Calculó que «en unos días» se podrá concretar la respuesta y se mostró convencido de que se llegará a «un acuerdo razonable para todas las partes».
Pero también indicó que se ha trasladado a las empresas concesionarias que tienen que respetar el contrato de 2021 y entre mayo y junio deberán estar listas las superficies arenosas y proceder a instalar las hamacas y las sombrillas.
Mientras tanto los concesionarios mostraron ayer su preocupación por no tener una respuesta del Consistorio después de que hace 10 meses solicitaron la aplicación de las medidas del Real decreto-ley 8/2020 para paliar los efectos de la COVID-19.
Afirman que han recibido la noticia de que Cort considera la pandemia como 'riesgo y ventura', «es decir un riesgo operacional que deben soportar los concesionarios». Entienden, entonces, «que sin resolver los expedientes y sin tener en cuenta la situación económica ruinosa de los concesionarios, el Ayuntamiento pretende empezar la temporada 2021 como si no pasara nada exigiendo a aquellos el cumplimiento de las obligaciones esenciales».
Consideran que esta postura «atenta contra la seguridad jurídica y pone en peligro la supervivencia de las empresas concesionarias y consiguientemente el mantenimiento de los puestos de trabajo».
Estas empresas afirmar haber sido informadas por el director general de Gobierno Interior, Marcos Cañabate, de que «la resolución de los expedientes de 2020 se alargará varios meses más por lo que habría que centrarse en exigir las obligaciones de 2021». «Es decir, se trata de trasladar los costes de los servicios (limpieza, etc.) a los explotadores de las playas sin que haya perspectivas por el momento de poder explotar mínimamente las hamacas y sombrillas», lamenta las empresas afectadas.