El precio de los alquileres de pisos ha bajado un 9 % con la pandemia, un descenso «irrisorio» que no resuelve la emergencia habitacional. | A.S. LINDE

El Ajuntament de Palma teme que se produzca un «alud» de desahucios a partir de la primavera si el Gobierno central no prórroga la suspensión de las ejecuciones de desalojos por impagos de alquiler de la vivienda más allá del estado de alarma.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, alertó ayer de la «grave situación de emergencia habitacional» que vive Palma, como constata en sus conclusiones un estudio realizado por el departamento de Habitatge del Consistorio sobre el mercado inmobiliario del alquiler.

Según este estudio, basado en el último trimestre de 2020, en los últimos seis años el precio del alquiler de la vivienda en Palma ha subido un 55 %, lo que la convierten en la ciudad donde más ha aumentado el precio de la vivienda en los últimos años.

Mientras, con motivo de la emergencia sanitaria, en 2020 los precios bajaron solo un 9,13 % con respecto a 2019. Una bajada que la regidora tildó de «irrisoria». Durante estos años, recordó, «la tasa de paro se ha incrementado un 43 % y las solicitudes de empleo lo han hecho un 112 %».

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El estudio, realizado con datos de Fotocasa e Idealista, analiza la oferta del mercado de alquiler en Palma, unas tres mil viviendas en el 80 % de las zonas. De media, se indica, las casas en alquiler en Palma cuentan con 2,2 habitaciones, 94 metros cuadrados y un precio de 1.022 euros al mes, es decir, 12 euros/m2. Las zonas más caras para alquilar vivienda en Palma, detalló Truyol, son los barrios de Sant Jaume (4.500 euros), Monti-sión (4.200 euros), El Terreno (4.200 euros) y Camp d’en Serralta (4.000 euros). Por contra, las más baratas se encuentran en El Terreno (450 euros), Cala Major (480 euros) o s’Arenal (495 euros).

En relación a los desahucios, Truyol informó de que en enero de 2021 había programados 62 en el municipio (pues la moratoria no se aplica en todos los casos), «lo que supone un 37 % más que en enero de 2020». La Oficina Antidesahucios ha atendido un 80 % más de casos que hace un año.

La pandemia, además, «ha hecho aflorar una oferta de pisos que en los últimos años no eran para residentes, o porque estaban vacíos o porque se ofrecían de forma ilegal como alquiler turístico».

Ante esta situación, la regidora insistió en la necesidad de que el Gobierno dé herramientas a los ayuntamientos para limitar los alquileres «y poder fijar un índice de precios ajustado a la realidad».

Además, solicitó que se prorrogue la suspensión de los desahucios y que se fuerce a los grandes tenedores para que liberen sus viviendas vacías y puedan ser usadas por las administraciones para alquileres sociales.