Los bares y restaurantes están cerrados estos días, salvo para comidas y bebidas para llevar o a domicilio. | plozano

Emaya no cobrará durante cuatro meses la tarifa de recogida de residuos a los negocios que han tenido que cerrar estas semanas con motivo de las últimas medidas anti COVID decretadas por el Govern. Así lo anunció ayer el presidente de la empresa, Ramon Perpinyà, en comisión y lo aprobó, poco después, por mayoría el consejo de administración. No obstante, desde Emaya se matizó que «todavía quedan algunos trámites hasta que la aprobación pueda ser definitiva».

La tarifa se paga en la factura de agua y recogida de residuos, y se cobra de forma bimensual, por lo que no se presentarán dos facturas de dos meses cada.

Responsabilidad personal

La crisis sanitaria y económica tiñó por completo las comisiones informativas previas al pleno, en las que la oposición criticó al presidente de la EMT, Francesc Dalmau, que siga sin precintar asientos en los buses para ayudar a que se respete el aforo máximo del 30 % y que no se saquen más buses a la calle. Dalmau explicó que no se precintan buses «porque muchas veces viajan parejas, familias,... y si se bloquean asientos obligas a separarlos». El edil apeló a la «responsabilidad individual» de cada persona para saber si debe sentarse o permanecer de pie en el bus.

La oposición también denunció las largas esperas en las paradas porque los buses con aforo completo no dejan subir a nadie y los ciudadanos se ven obligados a esperar largos minutos hasta que pasa el siguiente.

Por otro lado, Cs Palma criticó que el Pacte «rechace reunirse con los sectores afectados por la crisis». La portavoz, Eva Pomar, consideró «insuficientes» las ayudas del Ajuntament y reclamó que «se convoque urgentemente la comisión de seguimiento del desconfinamiento».

Por último, el PP censuró que la Funeraria vaya a comprar palmeras a 1.700 euros la unidad o construir una fuente multicolor para el cementerio de Son Valentí, entre otras inversiones, «cuando las colas del hambre en los puntos de reparto de ayuda social son cada vez más largas y Palma ya ha asistido al cierre del 30 % de sus negocios», lamentó la regidora Montserrat Oliveras.