La cola en los Caputxins ya da la vuelta a la esquina.

Las colas para recoger comida en el convento dels Caputxins son cada vez más largas. | Gemma Marchena

Gemma MarchenaPalma11/01/21 4:01
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El 9 por ciento de la población de Palma ha solicitado ayuda urgente a la regiduría de Benestar Social debido a las complicaciones sociales y económicas de la pandemia. Así, el año pasado se atendieron a 36.000 personas, y se abrieron 12.000 expedientes.
«Estamos acostumbrados a manejar un máximo del 5 por ciento de la población y 5.000 expedientes», señala Catalina Trobat, coordinadora de Benestar Social del Ajuntament de Palma, que recuerda que en la crisis de 2008 no se rebasó esta cifra de expedientes. Sin embargo, la crisis de la COVID ha resultado mucho más agresiva y ha afectado a un gran número de vecinos del municipio.

El perfil de los nuevos demandantes de asuntos sociales del Ajuntament también se ha modificado con la pandemia: «Hasta el 48 por ciento de los expedientes son de ciudadanos que no habían pasado antes por Benestar Social. Hay muchos autónomos, personas integradas en la sociedad, que tenían hasta hace poco trabajo o que aún mantienen el empleo pero necesitan ayuda para pagar el alquiler», cuenta Trobat.

Muchos de los nuevos usuarios de servicios sociales «están sufriendo un ERTE sin cobrar o que vivían en la economía sumergida. Y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) del Gobierno está tardando en llegar», añade el responsable.

Muchos de estos usuarios pertenecen al sector turístico y «no pudieron enganchar el invierno pasado con la nueva temporada turística porque apenas hubo», dice Trobat. Trabajadores del sector turístico, de la restauración o pequeños comerciantes se han visto abocados a pedir ayudas.

Desde Benestar Social tienen identificados los barrios más vulnerables de Palma en función de la demanda de ayudas en las 10 oficinas de la ciudad. De esta manera, las oficinas de Llevant Nord y Llevant Sur se han llevado 1,5 millones cada una para atender las urgencias sociales. La misma cifra maneja la oficina de Pere Garau, «donde viven muchas familias trabajadoras».

Demanda

Las oficinas de Verge de Lluc (con los barrios de Rafal, Son Cladera, Vivero o s’Indiotería) y Ponent (Santa Catalina, Cala Major, El Terreno, Es Jonquet...) han requerido un millón de euros cada una. Son Gotleu cuenta con una oficina propia solo para esta barriada de 10.000 habitantes, que ha requerido 600.000 euros, mientras que la oficina Nord apenas necesitó 650.000 euros.