Ha sido una propuesta de la concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol. | Redacción Local

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La concejala de Modelo de Ciudad, Vivienda y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, ha propuesto que las administraciones públicas puedan intervenir en la regulación del precio de la vivienda para evitar la tendencia a la especulación con precios desproporcionados e inaccesibles a la que se enfrentan los palmesanos para acceder a una vivienda.

En una nota, el Ayuntamiento de Palma ha asegurado que, junto al Govern, está promoviendo «más que nunca» la construcción de viviendas públicas y el fomento de nuevas fórmulas de acceso a una vivienda.

«El derecho a la vivienda digna es una responsabilidad compartida entre todos los agentes económicos y sociales», ha manifestado la concejala de Més, que también ha apelado a la corresponsabilidad del sector privado para así poder revertir la «deuda histórica» con la vivienda social en la ciudad.

Para la responsable del área de Vivienda, el sector privado del mercado inmobiliario debe promover y ofrecer vivienda asequible «para todo el mundo», dado que ofertar sólo viviendas de lujo o con precios elevados «podría provocar una expulsión de la población con recursos económicos bajos».

Esta corresponsabilidad también queda recogida a la ley de vivienda, que en su artículo 15, recoge la obligación de garantizar la cohesión social, eficiencia energética y de optimización de recursos, ha despuntado el consistorio.

En relación a la actual crisis sanitaria, Truyol ha lamentado que la pandemia afecte «especialmente» a las clases trabajadoras y populares de Palma, con una disminución de los ingresos que dificulta la viabilidad de estas familias para pagar por un inmueble, y ha criticado que en la ciudad se produzca una media de un desahucio al día.

Por todo ello, la concejala ha reclamado que se dote al consistorio con las suficientes herramientas jurídicas y económicas para limitar los precios de los alquileres de viviendas y corresponsabilizar a los bancos de la situación, sobre todo cuando incumplen con la obligación legal de ofrecer alquileres sociales.

El área que lidera Truyol también ha exigido la suspensión inmediata e indefinida de los desahucios en la ciudad, que se persigan los fundes buitre y que se puedan adoptar políticas para eliminar del mercado los pisos vacíos con los cuales se especulan.

Además, ha defendido que se deben construir nuevas promociones urbanísticas en Palma para dar respuesta a las necesidades sociales a precios asequibles, tal como se establece en el plan general del consistorio para multiplicar por ocho este tipo de viviendas en el municipio en las próximas dos décadas.