Las sanciones por la práctica del botellón son de las que se deben poder conmutar por trabajos comunitarios. | M. À. Cañellas

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El Ajuntament de Palma no permite a día de hoy la conmutación de denuncias puestas en virtud de la Ordenanza reguladora del uso cívicos de los espacios públicos (ORUCEP), como son las multas por la práctica del botellón, por trabajos en beneficio de la comunidad pese a que la ordenanza así lo contempla.

Este incumplimiento ha motivado la redacción de una advertencia a Cort por parte de la defensora de la Ciudadanía, Anna Moilanen, que lamenta que por una desavenencia entre áreas que se pasan la responsabilidad esta posibilidad todavía no se ha puesto en marcha aunque está contemplada desde el año 2011.

Explica la defensora que la ordenanza de 2011 preveía en sus artículos del 14 al 22 la sustitución de las multas por trabajos en beneficio de la comunidad. «Eso quiere decir que hace nueve años ya existe este derecho, sin que se haya materializado».

En 2017 llega a la oficina un caso sobre este asunto que, admite Moilanen, fue la base de la petición que realizó de que «esta ordenanza fuese acompañada de un reglamento en el que se articulase la conmutación».

El Ajuntament reconoció entonces que era un asunto pendiente y en 2018 la responsable de Seguretat Ciutadana de la pasada legislatura, Angélica Pastor, asumió esta tarea, «pero en vez de desarrollar un reglamento impulsó una modificación de la ordenanza» y se introdujeron los cambios precisos para que quedase regulada esta posibilidad. Esta modificación se aprobó definitivamente en el año 2018.

La situación a día de hoy, expone la defensora, «es que a pesar de que el derecho del ciudadano existe sigue sin ser una realidad, pues nadie en el equipo de gobierno asume su ejecución.

El último expediente en este sentido, dice la defensora, «nos llega este mismo año cuando una ciudadana nos pone de manifiesto la imposibilidad de conmutar la sanción que ha recibido. Nos dirigimos al área de Govern Interior, cuyo responsable es Alberto Jarabo, quien responde que es Seguretat Ciutadana quien debe ejecutar esta posibilidad. Ahora, la defensora tiene pendiente una reunión con la edil de Seguretar, Joana Maria Adrover.

En Cort existen precedentes de estas conmutaciones, por ejemplo en caso de actos vandálicos o de multas de tráfico, en este caso por cursos de formación.