La defensora de la Ciudadanía detecta y denuncia multas de Acire incorrectas

Así consta en una recomendación enviada al equipo de gobierno a raíz del caso de una mujer que acudió a esta oficina después de haber llegado a acumular hasta 14 sanciones por circular por una zona Acire sin autorización mediante la lectura automatizada de matrículas por videocámaras, cuando es residente en el casco antiguo y, por tanto, tiene derecho a la tarjeta Acire.

Por si fuera poco, esta persona nunca recibió las notificaciones en su domicilio, al no encontrarse en él, y fue notificada por edicto (mediante la publicación en el BOE), la que «con frecuencia conduce a una situación de indefensión», señala la defensora. Cuando tuvo constancia de las multas ya había pasado casi un año desde la fecha de la primera y todas estaban en vía ejecutiva con las consecuencias que ello supone. La principal es que en este momento ya no se pueden anular y el motivo de la sanción ya no era por haber circulado por zona Acire si no por no haber podido identificar al conductor, con lo que su cuantía se triplica hasta sumar, en este caso, un total de 2.547 euros.

Moilanen denuncia la «indefensión clarísima» de esta ciudadana, porque «si ella hubiera recibido las multas en origen podría haber recurrido y se le habrían anulado».

La delegada sostiene que las denuncias se impusieron sobre un hecho inexistente, porque la autorización Acire que tenía la vecina desde 2012 era vigente pues no sería hasta el 9 de octubre de 2018 cuando el decreto 2015 5/2018 hablaría por primera vez de la renovación de la tarjeta. «Si hasta octubre de 2018 no había regulación sobre la renovación y a partir de ese año se prevé la autorización con carácter indefinido y con la voluntad de renovación automática, ninguna denuncia ni anterior y posterior se puede imponer sobre un vehículo con autorización previa como es este caso», explica.

Argumenta también que «la retirada de la autorización por falta de renovación sin constatar incumplimiento sería un vicio que provoca una nulidad de pleno derecho y las denuncias en cuestión serían susceptibles de anulabilidad atendiendo las consecuencias de imponer una exigencia inaplicable por no estar recogida en el ordenamiento, y la situación de indefensión de la persona interesada determinaría la indudable anulabilidad».

Por todo, la defensora reclama a Cort «que se archiven las multas por contenido inexistente en su origen, porque a esta persona no se la puede multar por saltarse un Acire porque lo tenía».

En segundo lugar pide «que se le devuelva el dinero y que se revisen todos los expedientes que tengan un contenido similar». Moilanen afirma estar segura de que hay más casos como éste.

Además, previene de que se están produciendo en muchos casos el intento de notificación con resultado de desconocido. En estos momentos la entrega de las notificaciones por sanciones de Cort las realizan el servicio de Correos y la empresa CI Postal. En el caso en cuestión correspondieron a Correos.

En su recomendación la defensora insta a la ciudadanía a «exigir sus derechos hasta las últimas consecuencias y al Gobierno de nuestra ciudad a que sea un referente de confianza en su quehacer diario más allá de legítimo interés de recaudación».